Anova respalda las denuncias de Ecoloxistas en Acción y Petón do Lobo sobre los vertidos de aguas residuales procedentes de la antigua explotación, “presumiblemente ácidas y con presencia de metales pesados”.
Para el grupo, este descontrol ambiental tolerado en Santa Comba lleva la “marca de la casa” del director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais Ángel Bernardo Tahoces, imputado por un caso semejante en la mina de San Finx y “demuestra una vez más la complicidad del Gobierno de Feijóo con prácticas contaminantes sostenidas en el tiempo”.
La formación indica en un comunicado que a día de hoy, “la realidad en Varilongo es que pese a no contar con permiso de vertido al dominio público hidráulico se estan produciendo estos hechos de manera ilegal al no contar la concesionaria con las autorizaciones administrativas y ambientales necesarias“, dado que la resolución de transmisión de los derechos mineros del 25 de marzo de 2009 exigía como requisito previo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El problema radica, a juicio de Anova, en que mientras esta situación sigue pasando “desde la Administración autonómica no se actúa como sería preceptivo, paralizando de inmediato la actividad e incoando el correspondiente expendiente sancionador”, hecho que demuestra “que una vez más la Xunta de Galicia opta por la tolerancia con este tipo de prácticas contaminantes y actúa como colaborador necesario amparando la actividad de la empresa al margen de la legalidad vigente”.
