El secretario general del partido ultra Vox y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, decía este martes que estaría «encantado de explicar en un tribunal» que los históricos dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto fueron «auténticos criminales». Su deseo está a punto de cumplirse.

El también diputado nacional ha acusado a los dos históricos socialistas de ser «los responsables de miles de muertes, de un golpe de Estado a la República, de amenazar con pistola en el Congreso, de asesinar al líder de la oposición (José Calvo Sotelo), de alentar con sus discursos la Guerra Civil, de alentar la dictadura del proletariado como en Rusia». «No se merecen una placa», ha sostenido.

Smith ha acusado a los dos históricos socialistas de ser «los responsables de miles de muertes, de un golpe de Estado a la República, de amenazar con pistola en el Congreso, de asesinar al líder de la oposición (José Calvo Sotelo), de alentar con sus discursos la Guerra Civil, de alentar la dictadura del proletariado como en Rusia». «No se merecen una placa», ha sostenido.

La Liga Española Pro Derechos Humanos ha remitido a la Fiscalía una denuncia contra Smith, por las declaraciones que efectuó y solicita en la misma denuncia que se realice un informe psicológico al dirigente de Vox.

El presidente de la Liga, Francisco Javier Alonso Rodríguez, expone en su denuncia que Smith viene reiterando y ratificándose en declaraciones como «que los ministros del Gobierno Español en el periodo de la II República estuvieron directamente involucrados en fusilamientos extrajudiciales» y «que está dispuesto a demostrar que estas afirmaciones concuerdan con la realidad (su verdad) cuando no hay nada probado a lo largo de la Historia y reiterado por los Historiadores que han trabajado y publicado sobre dicho periodo».

Señala también el escrito, al que ha tenido acceso este medio, que el diputado de Vox realiza «afirmaciones de toda índole provocando una actitud de ‘fanatismo sectario’ en contra de cualquier ideología o pensamiento que él no comparta».

En la denuncia se reclama también el examen psicológico del secretario general de Vox por si «su comportamiento y conducta reiteradas, no le capacitaran para ejercer funciones institucionales».