Varias familias se han visto obligadas a presentar una denuncia contra el club Santo Domingo de Algete después de que este les privara del servicio de catering que habían contratado para celebrar ocho comuniones.

A pesar de que el servicio ya había sido abonado, los afectados fueron testigos de un lamentable escenario en el que no se permitía la entrada a los invitados, las mesas no estaban preparadas y el local presentaba evidentes signos de suciedad.

Según ha informado Telemadrid, cada una de las familias había desembolsado entre 2.000 y 5.000 euros por los eventos de comunión que se iban a llevar a cabo en las instalaciones del club.

Denuncian por estafa a un restaurante madrileño contratado para celebrar ocho comuniones
Denuncian por estafa a un restaurante madrileño contratado para celebrar ocho comuniones

Sin embargo, al llegar al lugar acordado, se encontraron con una situación caótica y decepcionante. Ante esta situación, decidieron contactar con las autoridades, solicitando la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que consideraron que estaban siendo víctimas de un delito.

Tras estos acontecimientos, las familias afectadas han decidido presentar una denuncia formal ante la Guardia Civil, mientras que una empleada del servicio ha negado cualquier tipo de estafa. Según su versión, los hechos se debieron a una «mala organización» debido a la abrumadora cantidad de trabajo que había en ese momento en el establecimiento.

Para sorpresa de los perjudicados, en lugar de recibir el servicio contratado, el restaurante solo les sirvió patatas fritas y croquetas. Algunas familias se vieron obligadas a acudir a un supermercado cercano para comprar embutidos y ensaladas, mientras que otras optaron por visitar un restaurante de comida rápida para adquirir algo de comida para sus invitados, según relata el diario El Mundo.

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a las familias afectadas presentar reclamaciones tanto a nivel administrativo como, en caso necesario, a nivel penal. El objetivo es solicitar el reembolso de los pagos realizados y, posiblemente, reclamar daños morales ocasionados por la no celebración del evento contratado.

La indignación y la decepción han sido el resultado de una experiencia que debería haber sido alegre y memorable para las familias afectadas. Ahora, confían en que la justicia pueda reparar el daño sufrido y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.

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