El legislador ecuatoriano Ronny Aleaga presentó este lunes una denuncia contra la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Elizabeth Cabezas, a la que acusa de bloquear la creación de una comisión que investigue al presidente Lenín Moreno por supuesta corrupción.
«Mi denuncia es por un delito específico, el tráfico de influencias», explicó el legislador ecuatoriano al presentar hoy ante la Fiscalía General del Estado su escrito acusatorio.
La denuncia se produce después de que el viernes trascendieran un vídeo y un audio grabado aparentemente del micrófono de la presidenta de la Asamblea Nacional, poco antes de que se procediera a dar paso a una votación sobre la solicitud formulada por Aleaga de crear una comisión multipartidista que investigue los supuestos vínculos de círculos allegados a Moreno con empresas opacas.
En la grabación -reconocida por Cabezas -, ella se sorprende de que los diputados socialcristianos tengan intenciones de respaldar la petición de Aleaga (afín al expresidente Rafael Correa 2007-2017) a los que llama «hijos de puta» y procede a telefonear a la ministra del Interior, María Paula Romo.
Seguidamente le comenta a la ministra, a la que califica de «hermana», que «los socialcristianos van a votar que sí».
«Nosotros ya les redijimos que abstención o en contra», agrega.
La presidenta del Parlamento advierte de que «los socialcristianos» se pueden aliar con los correístas a los que tilda de «imbéciles» en la votación y añade: «nos joden».
La sesión parlamentaria en la que se debía resolver la creación de esa comisión el jueves pasado finalmente no prosperó.
Al respecto, el diputado correísta afirmó que «es un delito presionar a los asambleístas para que cambien su votación para bloquear en este caso una investigación».
El interpelado acerca de si creía que la presidenta del Legislativo bloqueó deliberadamente una investigación a Moreno, con el apoyo de la titular del Interior, afirmó, «es lo que pasó».
«Obviamente conversar por teléfono es legal, lo que es ilegal y que se configura en un delito es llamar a un funcionario del Estado para presionar a las fuerzas políticas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que bloqueen una acción de fiscalización que estamos realizando para que el presidente comparezca», añadió.
Cabezas aseguró el sábado en declaraciones a los medios en Manta, provincia de Manabí, que la conversación difundida era «totalmente legal» y que no tenía «ningún vicio de ilegitimidad, por lo tanto lo que ahí se dice no compromete absolutamente a nadie».
«Son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional», dijo.
