Los españoles están soportando un grave desajuste existente entre la compra o alquiler de una vivienda y su salario medio, por lo que el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible es un problema de vital importancia.

La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE estima que el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6% de la población residente en España. Según la encuesta, los españoles que manifestaron llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, se encuentra en el 9,3%  siendo, por este orden, las principales carencias: no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (98,8%); no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (98,5%); no pueden permitirse el mantener la vivienda con una temperatura adecuada (77,8%) y han tenido retraso en el pago de gastos relacionados con suministros de la vivienda principal (66,2%).

Estos datos muestran un país en que un millón y medio de personas han perdido su vivienda habitual, en un contexto igualmente de fuertes ajustes presupuestarios en los que la inversión en vivienda ha sufrido fuertes recortes: hemos pasado de 1.123 millones de euros en 2011 a unos exiguos 446 en el 2018, situándonos en uno de los países de la UE que menos destina a gasto público en vivienda social en relación a su PIB.

Asimismo, el último Informe del Banco de España indica que el esfuerzo inmobiliario se sitúa en 7,1 años, lejos de los niveles que los expertos consideran saludable, que es de 4  a 5 años. Pero aún más preocupante es el Informe de la Sociedad de Tasación (TINSA), que considera este esfuerzo en 7,6 años de media, siendo superada con amplio margen por Baleares con un esfuerzo de 14,7 años.

 

 

Soluciones

Nuestro país uno de los países de la UE con un menor nivel de protección social y es uno en el que se dan los mayores índices de exclusión residencial. Para evitar esto, es prioritaria una recuperación de las rentas, con subidas salariales razonables que hagan posible la recuperación del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años.

Es imprescindible establecer unos requisitos mínimos a cumplir por todas las CCAA y que el carácter social de las viviendas protegidas lo sean durante toda su vida útil impidiendo su especulación. Asimismo, es necesario establecer como derecho subjetivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible cuando se carezca de recursos e invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia.

Sería necesario sería el establecer una estrategia pública de rehabilitación con especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados así como la renovación de viviendas y edificios.

Para finalizar, debería apostarse decididamente por un aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB, priorizando la vivienda pública.

Deja un comentario