Jesús Sánchez Rodríguez

El 6 y 7 de septiembre de 2017 se puso en marcha de manera abierta la fase final que debería llevar a la secesión unilateral de Cataluña. La vía unilateral se había decidido mucho antes y se habían dado al menos tres  pasos importantes previos. El primero fue la declaración de soberanía del Parlament en enero de 2013[2] ; el segundo fue la celebración del primer referéndum unilateral por la independencia que tuvo lugar en noviembre de 2014[3] , ambos suspendidos primero y declarados inconstitucionales después por el Tribunal Constitucional (TC); y el tercero las elecciones autonómicas de 2015 que los independentistas consideraron plebiscitarias buscando un respaldo masivo a la independencia en las que aunque solo consiguieron el apoyo del 47,8%, sin embargo esos resultados les permitió formar gobierno en Cataluña.

Como esos tres pasos en realidad no habían conseguido avanzar hacia la independencia unilateral, el independentismo se orientó a la secesión definitiva mediante la celebración de un segundo referéndum unilateral que les sirviese de argumento ante la comunidad internacional cuando realizasen su decidida declaración unilateral de independencia (DUI). Para ello planificaron dar a dicho referéndum una cobertura legal del Parlament al margen y en contra de la legalidad ordinaria y constitucional vigente en todo el Estado español y, en consecuencia, en Cataluña. Esto suponía un enfrentamiento y un desafío al Estado democrático español mucho más serio y grave que los anteriores.

A tal efecto, tres semanas antes de la prevista celebración del referéndum, el 1 de octubre de 2017, mediante dos convulsas sesiones del Parlament el 6 y 7 de septiembre, en las que la mayoría independentista prescindió de todos los requisitos reglamentarios y legales previstos, se aprobaron dos leyes, la primera para dar cobertura legal (del Parlament) a la celebración del referéndum[4] , y la segunda para aprobar una ley que ejercería de constitución provisional de la república tras la previsible DUI inmediatamente después del referéndum, la ley de transitoriedad jurídica.

Con esa decisión se abrió una dinámica de enfrentamiento abierto, la del clímax de los meses de septiembre y octubre. De un lado, el gobierno central puso en marcha todo el aparato judicial y coactivo contra la celebración de la nueva consulta – tras la suspensión de las dos leyes aprobadas por el Parlament por el TC y, por tanto, de la prohibición de celebrar el referéndum – en una dinámica de intervención parcial de la autonomía catalana que se centró especialmente en el control de su economía y el intento de hacer lo mismo con policía autonómica, y cuyo objetivo inmediato consistía en bloquear la logística del referéndum. Por otro lado, el gobierno catalán y la mayoría de los municipios de la comunidad entraron en una dinámica de semi desobediencia al TC y al ordenamiento jurídico vigente, siguiendo, por un lado, con todo lo concerniente a los preparativos del referéndum e intentando sortear el bloqueo de sus logística pero, por otro lado, plegándose parcialmente a los requerimientos de la fiscalía y los órganos judiciales.

La base de la DUI deberían ser los resultados del referéndum unilateral, declarado ilegal por el TC. El independentismo necesitaba que fuese creíblemente presentables, no solamente un acto de protesta como terminó convirtiéndose la anterior consulta ilegal del 9N, para lo que debería rodearle de todas las garantías propias de estos actos. El Estado necesitaba impedirle para asegurar, interna y externamente, que su soberanía seguía ejerciéndose en el territorio catalán, y para evitar cualquier justificación a la DUI planeada previamente. El enfrentamiento estaba garantizado, la única duda que quedaba era saber que intensidad adquiriría y que consecuencias. El resultado fue una derrota de ambas partes, pero la más grave fue la del independentismo. El gobierno español fue derrotado a nivel de imagen cuando se difundieron por todo el mundo las cargas policiales en los colegios dónde se iba a votar; pero el independentismo vio como el referéndum se convirtió en un acto más de protestas y enfrentamientos, pero no en una consulta creíble porque en esa situación nadie sabía qué tipo de papeletas se utilizaban, quienes componían las mesas, que órgano controlaba el resultado,  ni cuál era el censo, que, ante las dificultades encontradas, se declaró universal, de manera que cualquier ciudadano podía votar en cualquier lugar y sin ningún control, en consecuencia, el gobierno catalán no podía presentar unos resultados creíbles ante nadie.

Este resultado condicionó la situación de desconcierto, perplejidad y decisiones contradictorias en las que se sumió un independentismo que había perdido la iniciativa y asistía asombrado al torrente de reacciones adversas que se pueden concretar en cuatro ámbitos. El primero fue el desencadenamiento de una cascada del traslados – más de 3000 – de las sedes sociales y fiscales de importantes empresas y bancos radicados en Cataluña a otras ciudades españolas fuera de la comunidad autónoma ante el temor a las consecuencias de una agudización del conflicto y la posibilidad de encontrarse en un momento dado fuera de la cobertura de la UE[5] . El segundo fue una reacción de masas contraria al independentismo, en una mezcla de defensa de legalidad constitucional y de la unidad española, y cuya principal expresión tuvo lugar en Barcelona en 8 de octubre de 2017 con una movilización masiva similar a las conseguidas por el independentismo y convocada por la Sociedad Civil Catalana. El tercero fue la cristalización definitiva, o mejor dicho, la puesta en escena, del bloque constitucionalista, formado por PP, PSOE y Ciudadanos. Finalmente, en el cuarto ámbito, el internacional, ningún Estado o instancia internacional dio su apoyo a la aventura secesionista, al contrario, mostraron su apoyo y respaldo al mantenimiento del orden constitucional español.

La DUI entró en una situación kafkiana entre el 10 y el 27 de octubre, fue proclamada y suspendida inmediatamente por el President, el gobierno español dio un ultimátum para que el govern aclarase si se había declarado o no la independencia bajo la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución[6] , Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones autonómicas para desatascar la situación y, finalmente, en la jornada clave del 27 de octubre se produjo una doble decisión, la del Parlament catalán que en votación secreta aprobó la DUI por 70 de sus 135 diputados, y la del Senado español aprobando la aplicación del artículo 155, por 241 votos favorables frente a 47 de oposición, y suspendiendo la autonomía catalana hasta la celebración de elecciones autonómicas el 21 de diciembre de ese año.

Pero la DUI se votó en un ambiente sombrío, no hubo celebraciones ni decisiones posteriores trascendentales, ni siquiera, como se demostró en días posteriores, coordinación entre los partidos y entre los miembros del govern. No se creían su propia decisión y ya estaban pensando en cómo resolverían su futuro personal sabiendo que la justicia tenía ya abiertos varios frentes sobre sus decisiones y actos. Puigdemont, y luego varios de sus consejeros en el govern, emprendieron precipitadamente la huida a Bélgica[7] . Otros consejeros y dirigentes políticos y sociales se presentaron ante el requerimiento de los juzgados y pasaron a prisión provisional, en espera del juicio, situación en la que aún se encuentran. Esta era la muestra más palpable de la descoordinación. Por otro lado, el artículo 155 que suspendía la autonomía se empezó a aplicar sin ninguna resistencia y los independentistas pasaron a preparar las elecciones del 21 de diciembre y a agruparse en torno a lo único que parecía unirles desde ese momento, las protestas y movilizaciones por la situación de los dirigentes en prisión o en el extranjero huidos de la justicia.

La enorme mayoría obtenida en el Senado para aprobar la aplicación del 155 y la normalidad de su aplicación supuso el éxito de un mecanismo que había suscitado enormes dudas sobre el grado de su apoyo y las consecuencias que podría desencadenar. El 155 es un artículo de la Constitución pensado para aplicar a situaciones de conflicto con las Comunidades Autónomas, pero que era la primera vez que se hacía uso de él[8] . Su aplicación fue posible gracias a que, previamente, se había conformado un bloque partidista constitucionalista mayoritario formado por PSOE, PP y Ciudadanos.

En consecuencia, lo importante  a resaltar son dos cosas: 1) La aplicación del 155, presentado por el independentismo como el apocalipsis, se realizó en un clima de normalidad social y política, no pasó nada extraordinario, todo siguió funcionando. Además fue aprobado para una duración temporal mínima, y a su final se restableció un nuevo gobierno autonómico presidido por los independentistas. 2) El mecanismo de normalización del 155 fue la celebración de las elecciones autonómicas del 21-D. Estas elecciones normalizaron al status quo anterior por dos motivos: a) Porque el independentismo las aceptó como tal, se presentó a las elecciones y volvió a revalidar su mayoría en escaños, que no en votos. b) Porque frente a las elecciones autonómica anteriores de 2015, dónde el independentismo se presentó mayoritariamente unido bajo las siglas de  JxS y las presentó con un carácter plebiscitario respecto a la independencia, en las del 21-D los tres partidos independentistas volvieron a presentarse por separado y sin ningún objetivo concreto de independencia, su objetivo se limitaba a restablecer el autogobierno y llegar al govern, más allá de la fraseología que intentaba convencer a su electorado de que no habían renunciado a nada.

Los resultados de las elecciones del 21-D mostraron, de un lado, que el techo electoral independentista se mantenía en las mismas cifras anteriores, obtuvieron el 47,52% entre sus tres partidos (Juntos por Cataluña, ERC y CUP) y, por otro lado, dieron la victoria como partido más votado a Ciudadanos (25,35%), el partido que había mantenido posiciones más firmes frente al independentismo. Los resultados mostraban un bloqueo y una polarización de la situación.

Pese a su minoría electoral, sin embargo, la traducción en escaños volvía a dar la mayoría parlamentaria a los independentistas para formar gobierno. La correlación de fuerzas volvía a repetirse y la situación se mantenía bloqueada, tal y como se verificó en los meses posteriores.

 

El impasse tras el 21-D: entre la difícil normalización y otro desafío imposible.

El independentismo había revalidado los resultados electorales de dos años antes pero, al contrario que entonces, y debido a la dura derrota sufrida y sus consecuencias, ya no se presentaba con el objetivo de “construir estructuras de Estado” o de llegar a una declaración unilateral de independencia,  pero tampoco de retroceder a una situación de normalidad estatutaria y volver a ser un gobierno autonómico como antes. La derrota del independentismo, tras la aplicación del 155 y el sometimiento a la acción de la justicia de sus principales líderes, había sido inapelable, pero sus apoyos electorales se mantenían intactos, no habían crecido pero tampoco retrocedido, lo mismo que el intenso rechazo a la convivencia dentro del Estado español, que el independentismo se había encargado de sembrar durante un largo tiempo.

En una situación así, derrotado, sin estrategia clara para el futuro, pero con sus apoyos sociales intactos, el independentismo se volcó en un tema casi exclusivo, el de la situación de sus líderes, unos en prisión preventiva y otros huidos a diferentes lugares de Europa para escapar de la acción de la justicia. Esta última situación, fruto de la decisión no coordinada ni pactada por parte de Puigdemont y algunos de sus consejeros – en tanto la mayoría de los líderes encausados pasaban a prisión incondicional -, permitió al ex-President, y el nuevo partido que creó a su alrededor, tres cosas: de un lado, hacerse el 21-D con el primer puesto en el campo independentista que las encuestas venían pronosticando para ERC, debido a que Junqueras, al contrario que Puigdemont, permanecía en la cárcel; de otro lado, erigirse en la figura de la continuidad legitimista respecto al período anterior y reclamar su investidura de nuevo como legítimo President depuesto; y finalmente, mantener un duelo jurídico con los tribunales españoles a través de los tribunales alemanes y belgas.

Así, durante un largo período posterior a las elecciones, hasta mayo de 2018, la nueva mayoría independentista se dedicó a mantener una batalla jurídica con los tribunales españoles en torno al objetivo de conseguir que tanto Puigdemont fuese investido como President, como que los líderes encarcelados pudiesen realizar su labor parlamentaria y recuperar las consejerías que ostentaron hasta la aplicación del 155. La batalla la perdieron los independentistas ante los tribunales y se vieron obligados a elegir como President a un diputado sin problemas pendientes con la justicia. Pero incluso esta decisión fue planteada como un desafío más en la guerra de gestos en que se había embarcado el independentismo tras el 21-D, la elección recayó en Quim Torra, un diputado del partido de Puigdemont conocido por su clara y documentada posición xenófoba respecto a España y los españoles. El independentismo parecía atrincherarse en una especie de resistencia gesticular en espera de una “nueva ventana de oportunidad”, como ellos mismos señalaron[9] , que les permitiese retomar la vía de la independencia unilateral. De manera que su actividad terminó girando en torno a la situación de sus líderes encarcelados o huidos.

Sin embargo, un acontecimiento inesperado originado en el ámbito judicial dio un giro a la situación, al menos por un tiempo. La sentencia del caso Gürtel pronunciada en mayo del 2018 provocó un terremoto político, en ella no solo se condenaba por corrupción a largas penas a antiguos dirigentes del PP, sino que se condenaba a este partido por haberse lucrado de la red de sobornos. La situación del gobierno del PP se hizo insostenible, el PSOE lanzó una moción de censura y Ciudadanos demandó la convocatoria de elecciones. La decisión de este último partido, el más votado en las elecciones catalanas del 21-D, se basaba en los pronósticos de las encuestas que le daban como ganador en unas elecciones anticipadas; la decisión del PSOE, con una exigua minoría parlamentaria de 88 diputados sobre un total de 350 fue un acto de osadía de su líder, Pedro Sánchez, basado en el cálculo de que sería capaz de concitar una muy heterogénea mayoría contra Rajoy que le llevarían a la presidencia del gobierno.

Como en otras tantas ocasiones, si las decisiones políticas solo se tomasen considerando una relación mecánica entre los partidos y las clases sociales que representan, entonces el PP debería haber convocado elecciones y dejar a paso a la alternativa política de  recambio de la burguesía, Ciudadanos.  Pero esa relación mecánica no existe, y en las decisiones de los partidos también cuentan sus propios intereses. De manera que el PP no se resignó a ser sustituido por Ciudadanos como nueva fuerza política hegemónica de la burguesía, y calculó que Pedro Sánchez sería incapaz de concitar todos los apoyos heterogéneos que necesitaba, especialmente los de los independentistas catalanes, pues el PSOE formaba parte del bloque constitucionalista que aprobó la aplicación del 155 en Cataluña.

El independentismo catalán se encontró, de repente, ante una situación que produjo tensiones entre sus sectores más radicales, fundamentalmente los cercanos a Puigdemont (JxCat) – pues la CUP no tiene representantes en el parlamento español – que rechazaban apoyar la moción y preferían permitir la continuidad de Rajoy en una política de cuanto peor mejor; y los sectores más posibilistas o realistas que pensaban que no podían permitirse la acusación de que Rajoy continuase de Presidente por su culpa. El PSOE no era de su agrado, no solamente por su apoyo al 155, sino porque tampoco iba a ofrecerles desde el gobierno ninguna salida  al margen de la Constitución. Simplemente tenían que elegir el mal menor y esperar acontecimientos. Finalmente Pedro Sánchez consiguió que un conjunto de fuerzas heterogéneas le diesen la mayoría suficiente para ganar la moción de censura y ser investido Presidente del gobierno

Pasado un año desde el inicio del desafío abierto lanzado por el independentismo catalán podemos resumir las características que diferencian a la situación actual de la que se vivió en aquellos momentos:

1) La estrategia independentista para la secesión unilateral fue quebrada con las reacciones civiles, económicas, internacionales, políticas, jurídicas y estatales que se produjeron entre septiembre y octubre.

2) La aplicación del 155 no termino siendo ningún trauma y se regresó a la normalidad estatutaria tras las elecciones autonómicas del 21-D.

3) Las elecciones del 21-D volvió a confirmar el techo del independentismo, el 47%, y dejó meridianamente claro a los no independentistas catalanes y al resto de España, que su objetivo de imponer la secesión con esa cifra, además de violar las leyes, no podía ser sino un acto anti-democrático, autoritario.

4) Hubo un cambio en el gobierno español, que ellos mismos facilitaron, que les hace más difícil el argumento de odio que más han apreciado, la de tildar de fascismo ya no solo al gobierno anterior, sino a todo el pueblo español. Por contra, el President Quim Torra si puede ser catalogado de un abogado de la xenofobia y del odio como queda documentado en los numerosos artículos que ha escrito[10] .

En el momento de escribir este artículo se entra en el aniversario de los acontecimientos que marcaron el clímax del conflicto catalán y parece que se acerca un nuevo punto de inflexión motivado por tres tipos de acontecimientos. Los independentistas más radicales van a intentar utilizar este ciclo de aniversarios (11-S, 1-O, 27-O) para presionar a los dirigentes más realistas a proseguir una política de ruptura unilateral, incluso si ésta se tiene que desarrollar en muchas peores condiciones que hace una año, un ensayo de esta estrategia de elevar la tensión es la guerra de los lazos amarillos iniciada por los sectores independentistas para monopolizar con sus símbolos los espacios públicos e institucionales.

Se acerca el momento del juicio de los líderes independentistas procesados por la justicia que inevitablemente elevará la tensión emocional, en este sentido los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura del PSOE ya han pedido abiertamente que el gobierno haga cambiar la posición de la fiscalía frente a sus dirigentes procesados para seguir manteniendo su apoyo, demanda rechazada por el gobierno.

Y, en tercer lugar, el gobierno del PSOE va a tener que someter en breve a votación parlamentaria varias medidas tomadas que pondrá a prueba si el independentismo sigue apoyándole, en una política del mal menor, o decide que sea derrotado parlamentariamente y abocado a la convocatoria de elecciones en España.

La situación está suspendida en el aire y por ello mismo podemos hablar de un doble impasse o punto muerto. El PSOE seguirá gobernando en tanto tenga el apoyo de los independentistas, pero ya les ha dejado claro que no les hará ninguna concesión fuera de la Constitución, es decir, no habrá referéndum pactado para la independencia, ni instruirá al fiscal general para que cambie su criterio respecto a los dirigentes independentistas procesados. Y los independentistas, superado el derecho a decidir, con la espada de Damocles del 155 si vuelven a violar las leyes, y sin concesiones estatales a su camino a la independencia, deben decidir si dejan caer al gobierno del PSOE y facilitan un posible regreso de la derecha al poder, o aceptan la situación derivada de su derrota y pactan una salida para Cataluña dentro de la Constitución. Entre tanto, y en una situación tan desconcertante y frustrante para ellos, se aferran a los mártires (los dirigentes independentistas sometidos a la acción de los tribunales) como forma de mantener un objetivo común y en espera de “una nueva ventana de oportunidad”, como hemos señalado antes.

Si en los próximos días el independentismo catalán lanza un nuevo desafío al Estado en forma de nueva violación de las leyes o de aumento grave de la crispación en las calles posiblemente la situación estará abocada a un doble proceso, de convocatoria de elecciones nacionales ante la clara minoría del gobierno PSOE, y a la aplicación de un nuevo 155 que sería más profundo y duradero que el anterior.

Este escenario es el que invita a pensar que no se va a llegar a lazar un nuevo desafío, pero también es cierto que los sectores más radicales del independentismo buscan poner a sus líderes ante una presión emocional que les lleve a lanzar dicho desafío, y originar las consecuencias descritas. No sería tampoco la primera vez. Hace un año, en octubre, Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones autonómicas y evitar el 155, pero las presiones emocionales (sus allegados de gobierno y los estudiantes llamándole botifler[11] en la Generalitat) le llevaron a desestimar la convocatoria de elecciones, abriendo el camino a la aplicación del 155, sin terminar de decidirse por declarar la DUI. Hoy también el actual President Quim Torra ha evocado varias veces la posibilidad de volver a convocar elecciones en Cataluña como manera de zafarse la presión de los más radicales y a modo de presión frente a Madrid, pero nadie cree que ese sea un expediente para resolver nada dado el techo electoral mostrado por el independentismo

Las presiones no sin simétricas. Los partidos independentistas tienen la carta de hacer caer el gobierno Sánchez, pero saben que puede ser un boomerang, pues pueden propiciar la vuelta al gobierno de una derecha más beligerante con ellos que hace un año, y pueden que provoquen la aplicación de otro 155, pero esta vez incluso más duradero e intervencionista[12] . Sánchez tiene dos cartas según la situación, si los independentistas le retiran su apoyo en el parlamento español convocar elecciones para intentar avanzar en peso parlamentario, aun con el riesgo de que pierda el gobierno definitivamente, y si los independentistas lanzan un nuevo desafío al Estado aplicar el 155. La situación es, pues, de doble impasse o punto muerto en espera de decisiones trascendentales en las próximas semanas.

 

[1] Se suele entender por clímax el punto más alto o de mayor intensidad en una serie creciente o en un proceso.
[2] Dicha declaración afirmaba que el «pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».  La Declaración fue primero suspendida por el TC y luego este tribunal declaró, en marzo de 2014, inconstitucional y nula la cláusula primera que proclamaba «el carácter de sujeto político y jurídico soberano de Cataluña», por vulnerar los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. La sentencia también contenía una referencia que se adelantaba a futuros acontecimientos al señalar que “en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. Esta conclusión es del mismo tenor que la que formuló el Tribunal Supremo del Canadá en el pronunciamiento de 20 de agosto de 1998, en el que rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una de sus provincias tanto a su Constitución como a los postulados del Derecho internacional”
[3] El TC también suspendió el referéndum acordado por el Parlament el 19 de septiembre de 2014, posteriormente, en febrero de 2015, dictó sentencia en la que declaró inconstitucionales tanto la consulta celebrada en noviembre anterior como la ley autonómica que le sirvió de cobertura.
[4] Es necesario hacer notar el cambio de apoyos que se había producida entre la ley aprobada en el Parlament en septiembre de 2014 para dar cobertura al referéndum de noviembre de 2014, y la aprobada en septiembre de 2017 para dar cobertura al referéndum del 1 de octubre, ambas anuladas por el TC. La primera ley contó con el apoyo en el Parlament de los tres partidos independentistas, CiU, ERC y CUP, más el PSC e ICV. La segunda ley solo contó con el apoyo de los tres partidos independentistas. Esto iluminaba claramente como en su huida hacia adelante, hacia un enfrentamiento abierto con el  Estado y la violación de la legalidad vigente, el independentismo perdía aliados y se aislaba buscando la creación de dos campos enfrentados y la imposición de su programa y objetivos. Quedaba demostrada que su apelación al diálogo no era más que pura propaganda.
[5] Esas 3000 empresas facturaban unos 44.000 millones de euros al año, más del 60% de esas compañías trasladaron su sede a Madrid, el resto a otras provincias españolas. Ello evocó el denominado efecto Montreal, con el que se señala como Quebec, como consecuencia de sus tenciones secesionistas, perdió el 30% de su tejido empresarial en dos décadas en beneficio de otras regiones de Canadá.
[6] Este artículo de la Constitución da cobertura legal para que el gobierno pueda obligar a las Comunidades Autónomas en caso de incumplimiento de las obligaciones legales o constitucionales o de actuaciones graves contra el interés de España. La suspensión de la autonomía como ocurrió durante dos meses en Cataluña es una de las posibles medidas. Equivalentes de este artículo existen en otras constituciones del mundo, como el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, el artículo 126 de la Constitución italiana, el artículo 234 de la Constitución portuguesa, el artículo 100 de la austriaca, o el artículo 75 de la argentina.
El mundo independentista ha insistido muchas veces en comparar la diferente actitud del gobierno británico y español en cuanto el primero aceptó el referéndum de Escocia, y el segundo no ha querido hablar de un referéndum pactado en Cataluña, pero para evitar las manipulaciones de la buena democracia británica frente a la mala democracia española, habría que recordar que el gobierno británico suspendió cuatro veces los poderes de Irlanda del Norte, una de las veces durante cinco años de duración (2002-7).
[7] Ver una buena crónica de las horas posteriores a la votación de la DUI en el Parlament en el artículo de El Periódico, “Las 72 horas después de la DUI”, https://www.elperiodico.com/es/politica/20180901/puigdemont-gover-72-horas-despues-dui-7012400
[8] Solo una vez antes se blandió como amenaza por parte del gobierno de Felipe González en 1989 cuando el gobierno canario se negó a aplicar una reducción de aranceles del 15% a las mercancías europeas, finalmente, en aquella ocasión, se logró un acuerdo y la amenaza nunca se llevo a la práctica.
[9] https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Govern-ventana-oportunidad-independencia-abierta_0_786372179.html
[10] Un resumen de sus opiniones xenófobas en diferentes artículos se puede encontrar en “El pensamiento antiespañol de Quim Torra, a través de sus artículos”, https://www.elperiodico.com/es/politica/20180514/quim-torra-articulos-contra-espanoles-6817795
[11] Es una  palabra catalana utilizada como apodo contra los felipistas o borbónicos, los partidarios de Felipe V durante la Guerra de Sucesión Española, ahora se ha reavivado durante el conflicto catalán para ser utilizada contra los rivales de  los independentistas, y si se había empleado contra algunos dirigentes políticos o intelectuales y artistas no independentistas como Iceta, Albiol, Frutos, Serrat o Marsé, el 26 de octubre la manifestación de estudiantes en la plaza de San Jaume se lo gritaron a Puigdemont ante la duda en que se debatía éste de convocar elecciones autonómicas.
[12] Es necesario remarcar que la aplicación de este artículo constitucional señaló una frontera importante. Antes de la aprobación de su aplicación el 27 de octubre de 2017 hubo grandes tensiones y dudas, nadie podía saber qué consecuencias podría desencadenar. Pero una vez aplicado y sin consecuencias reseñables se ha convertido en un instrumento normalizado. Pedro Sánchez se ha referido a su posible nueva aplicación sin complejos y como quién habla de un expediente habitual.
Muchos dirigentes independentistas se han dado cuenta de esa normalización, y lo que es más serio, que una nueva aplicación del 155 sería más dura que la anterior y no tan temporal, y ello cuando el independentismo está en sus horas más bajas y ha perdido muchos apoyos externos. Así, esos dirigentes se encuentran entre la espada de una situación que no les permite lanzar más desafíos al Estado, y la pared de un sector radical independentista que les presiona a lanzar desafíos.

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