El Ayuntamiento de Barcelona ha alertado al Gobierno central del riesgo de un «estallido social» si no se amplia la moratoria de desahucios «a todas las familias en situación de vulnerabilidad con independencia de si su precariedad es consecuencia directa de la COVID-19».

Lo señala un informe de la Unidad Antidesahucios del consistorio, que ha contabilizado entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre un total de 443 órdenes de desahucio en la ciudad, que afectan a 1.211 personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Entre ellas, 463 niños.

El informe define a estos ciudadanos como personas en una situación de «extrema vulnerabilidad», situación que «viene dada por diversas circunstancias, como el hecho de tratarse de personas mayores o con enfermedades crónicas, núcleos monomarentales o familias con criaturas; situaciones a las que se suma siempre la vulnerabilidad económica, es decir, unidades familiares sin ahorros, sin patrimonio y con ingresos económicos mínimos, incapaces de asumir un alquiler a precio de mercado». A todas ellas se las que ha intentado desalojar una vez como mínimo, aunque el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los ha atendido y conseguido parar en un 90% de los casos.

«Se trata de lanzamientos de personas en situación de pobreza que no pueden acogerse a la moratoria del Gobierno del Estado porque su vulnerabilidad económica y social es anterior a la pandemia, o bien porque carecen de un título legal sobre la vivienda en la que residen», explica el informe municipal.

No pueden acogerse a la moratoria

Ninguna de las 1.211 personas detectadas por el consistorio en estas últimas seis semanas puede acogerse a la moratoria de los desahucios en vigor hasta el 31 de enero, ya que esta solo detiene los procesos judiciales desencadenados por el impago del alquiler a causa de la crisis del covid.

Los movimientos sociales han insistido siempre en que la moratoria planteada en estos términos es totalmente ineficaz y alejada de la realidad, ya que todas las órdenes que están llegando estas semanas derivan de procesos que empezaron bastante antes de la crisis del covid, con lo que quedan fuera. Sin embargo, no fueron escuchados.

El ‘conseller’ de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado este lunes en una entrevista a La 2 y Ràdio 4 que el Govern aprobará este martes en decreto para evitar desahucios y asegurar que los grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las personas vulnerables.

Absoluta necesidad de modificar la moratoria

La semana pasada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para insistir en que es urgente modificar la moratoria de desahucios para que nadie en situación precaria se quede sin vivienda en este contexto de la pandemia de covid.

La presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado este lunes al presidente del Gobierno y al PSOE a poner fin a los desahucios y a regular los precios de los alquileres y ha reclamado al Govern de la Generalitat que desarrolle todas sus competencias en materia de vivienda para que no haya más desalojos.