Desarticulada en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social

La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social. Durante el operativo, en el que han participado más de 100 agentes y que se ha llevado a cabo en cuatro fases, se ha detenido a 125 personas presuntamente implicadas en la organización que operaba en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados.

Los delitos que se atribuyen a los detenidos son los de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución. El principal responsable de la red criminal regentaba un prostíbulo en Elche, que ha resultado ser el domicilio social de dos de las empresas vinculadas al entramado.

En la primera fase se practicaron 112 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas, que estaba conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica, y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.

Desarticulada en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social
Desarticulada en Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social

Además del material intervenido en los registros llevados a cabo, se han bloqueado 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros y se ha decretado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.

En la segunda fase tuvo lugar la detención de todas las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la seguridad social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional.

En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda pública.

Detenido un funcionario público por revelación de información de bases de datos oficiales

En la última fase tuvo lugar la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público, que presuntamente pertenecía a la organización investigada y que a cambio de información procedente de bases de datos oficiales cobraba cantidades económicas.

Según ha desvelado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación comenzó en octubre de 2020 cuando se tuvo conocimiento de que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados.

Las empresas a las que se encontraba vinculado el supuesto empresario como apoderado o administrador, no podían ser localizadas ni física ni virtualmente. Además, los investigadores detectaron que el empresario se reunía a menudo con otras dos personas vinculadas a un despacho de abogados, que resultaron ser, presuntamente, miembros de la organización criminal ahora ahora desarticulada.

Los migrantes obtenían o renovaban sus permisos de residencia

Con la participación de un despacho de abogados la organización criminal creaba empresas ficticias con el fin de hacer facturas falsas a empresas, utilizadas para defraudar a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta.

Las empresas ficticias se encargaban de proporcionar a los migrantes documentación, contratos y ofertas de trabajo para poder obtener o renovar los permisos de residencia. Además utilizaron una de las empresas ficticias para obtener un crédito de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que jamás se iba a devolver.

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