La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta en Cantabria que ha desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública. En total, se han detenido a ocho personas, incluyendo al funcionario responsable de emitir los informes técnicos que presuntamente habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de obras de carreteras en la región, así como a los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias.
Además, se han practicado registros en el despacho del principal investigado en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. Durante el registro en el domicilio del funcionario investigado se descubrieron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.
La investigación comenzó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.
El funcionario en cuestión, mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.
La Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado funcionario recibía vehículos y regalos costeados por las adjudicatarias.
El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, modificaba precios, negociaba los términos de las licitaciones con empresas concertadas y hacía uso de información privilegiada.
