Patrimonio Nacional, de cuya administración depende el Valle de los Caídos, no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar.
Según la información que posee infoLibre, a finales de 2019, Patrimonio no tenía memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Además, no aparecían en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.
En agosto de 2018, infoLibre planteó 65 preguntas a Patrimonio Nacional con el fin de conocer si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que regula el complejo, qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes.
Patrimonio Nacional respondió a muy pocas preguntas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que el citado diario decidió acudir a los tribunales para demandar a Patrimonio Nacional y presentó un recurso contencioso-administrativo para poder obtener información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años.
El proceso judicial finalizó recientemente e infoLibre inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
A finales de los 50, se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para administrar el complejo monumental. El reglamento del ente coronó como patrono del mismo al jefe del Estado, el dictado, y estableció que «las funciones del patronato» las ejercería el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Además, fijaba como beneficiaria de este ente a la Abadía benedictina siempre y cuando cumpliese con las «obligaciones» del marco normativo construido durante el franquismo, aún vigente en la actualidad. En caso de producirse un incumplimiento, la ley obligaba a Patrimonio Nacional a informar a la Santa Sede para buscar otra orden religiosa diferente.
El Estado no ha ejercido control sobre el funcionamiento del mausoleo
Pero tal y como consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto planteado por el citado periódico, el Estado no ha ejercido el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo.
El documento, con fecha del 10 de diciembre de 2019 y firmado por Ernesto Abati García-Manso, el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, sirvió de base a la Abogacía del Estado para alegar en el procedimiento que los datos solicitados no podían encuadrarse en el concepto «información pública», porque sostenían los servicios jurídicos en respuesta a la demanda que infoLibre presentó a comienzos de 2019 en vía contencioso-administrativa, «ni ha sido elaborada por éste ni la ha adquirido en ningún momento».
Patrimonio no dispone de los Planes de Estudio del CES
Tal y como adelantaba el diario este lunes, el certificado confirmaba que Patrimonio no disponía de los Planes de Estudio del Centro de Estudios Sociales (CES) y que no tiene «actividad continuada» desde comienzos de los ochenta a pesar de que su dirección y mantenimiento se encuentra entre las obligaciones que tienen los monjes de Cuelgamuros.
Además, el documento también señalaba que en los archivos del organismo público no constaba «información concreta» de la evolución del número de monjes y novicios de la Abadía en la última década, algo que puede parecer un asunto menor pero tiene mucha importancia porque, como establece el reglamento de la Fundación de la Santa Cruz, «no tener un mínimo de 20 monjes profesos» obliga a Patrimonio Nacional a «dar cuenta» a la Santa Sede con el fin de sustituir a estos religiosos por otra orden o instituto de la Iglesia.
Sin datos de los religiosos del complejo monumental
Según recoge la normativa legal, el número de religiosos también es fundamental a nivel presupuestario, ya que según el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía en el presupuesto del ente «se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio», una cantidad «revisable anualmente». Pero Patrimonio Nacional, que ejerce el patronato de la fundación, no dispone de datos sobre la evolución de los religiosos en el complejo monumental que condicionan parte de esas cuentas. Entonces, ¿cómo se han elaborado entonces los presupuestos de la fundación?.
Sin datos de «ingresos y gastos» de los 10 años de la Casa de Ejercicios Espirituales ni de la Hospedería
El gerente también hizo constar en su escrito que en los archivos de Patrimonio no había ni rastro de «ingresos y gastos» de los «últimos diez años» ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales ni de la Hospedería, algo que va en contra de lo que se establece en el octavo artículo del convenio de finales de los cincuenta que recoge que la Abadía administrará la Hospedería y la Casa de Ejercicios Espirituales y tanto sus ingresos como sus gastos serán igualmente recogidos en el presupuesto de la fundación.
Estos datos son de suma importancia, ya que si se obtuvieran ingresos suficientes de las actividades desarrolladas por la Abadía, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría obligada a pasarle la subvención que se ha concedido a los religiosos históricamente para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines fundacionales, que asciende a 340.000 euros en cada ejercicio al menos desde 2008.
Pero… ¿cómo sabe Patrimonio Nacional si existe o no esa obligación de dar apoyo económico a los religiosos con dinero público si no conoce los datos de ingresos y gastos ni de la Hospedería ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales?
En relación con dicha subvención, el organismo dependiente de Presidencia también reconocía en el certificado expedido que en sus archivos no constan documentos relativos a la justificación de la misma: «No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (…) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma», apuntaba el gerente. Es decir, estos documentos se comenzaron a elaborar después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, advirtiese de que «nunca» se había rendido «cuenta justificativa» del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
En el marco del procedimiento judicial, Patrimonio Nacional exigió datos a los religiosos, sin éxito. Ante el intento frustrado de obtener dicha información, Patrimonio Nacional requirió a la Abadía Benedictina formalmente, en noviembre de 2019, para que aporte algunos de esos datos, en concreto, los relativos al presupuesto y a las memorias justificativas de la subvención que recibe, con apercibimiento de que la subvención pendiente de 2018 no se entregaría si ello no se produce satisfactoriamente, tal y como recoge el escrito de respuesta a la demanda de infoLibre elaborado por la abogada del Estado.
El Ejecutivo congeló la aportación dineraria
Esta falta de transparencia llevó al Ejecutivo a congelar la aportación dineraria. El 20 de noviembre de 2018 se dio el primer paso y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional decidió «condicionar la transferencia» a la «realización efectiva de la auditoría y comprobación contable» de las cuentas de la Abadía.
Aunque los monjes aportaron unos meses más tarde algunos datos, el organismo siguió sin poder acceder a la «contabilidad íntegra» ni proceder a la «auditoría y actuaciones de comprobación y control financiero previstas».
Fuente: infoLibre
Tiene pinta que esto era una casa de putas pagada con dinero público para disfrute de ultras.