El pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno aprobó el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que estará vigente entre 2022 y 2025 y tendrá una dotación de 20.319 millones de euros procedente de los distintos ministerios.
Este anuncio ha generado polémica política por la magnitud de la cifra anunciada, que dobla el presupuesto anual del ministerio de Defensa. «Con esos 20.000 millones se podría arreglar el problema de la dependencia energética y dotar a la España interior de los servicios e infraestructuras que necesita. Solo corruptos y desalmados pueden derrochar así el dinero de todos en tiempos de miseria y de sufrimiento», ha criticado el líder de Vox, Santiago Abascal.
El plan está estructurado en cuatro ejes: «Buen Gobierno: hacia formas de hacer y decidir más inclusivas», para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático, con una dotación de 59 millones de euros; «Economía para la vida y reparto justo de la riqueza», contra la feminización de la pobreza y la precariedad, con 18.461 millones; «Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista para las mujeres», con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia, con 972 millones; y «Un país con derechos efectivos para todas las mujeres», que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida, con 826 millones.
El objetivo del primer eje es conseguir que todas las políticas públicas tengan perspectiva de género y, por ejemplo, garantizar que todo el personal público esté formado al respecto.
El segundo eje concentra el 91% de los recursos económicos del plan en medidas por el empleo digno y la reducción de las brechas salarial y de pensiones, así como en la corresponsabilidad de los cuidados: «Que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años y políticas públicas de conciliación como el Plan Corresponsables, que permitan que las mujeres, que son las que mayoritariamente asumen esas tareas de cuidados, puedan tener liberado su tiempo para poder ejercer todos y cada uno de sus derechos y no solamente poder conciliar la vida laboral con la vida familiar, sino también la vida personal».
En el tercer bloque, para conseguir vidas libres de violencias machistas, se persigue el fortalecimiento de los sistemas de coordinación y respuesta institucional para la detección precoz y la atención integral a las víctimas, tanto de violencia por parte de su pareja o expareja como violencia sexual, explotación sexual y trata.
En el cuarto eje se recogen medidas diversas para responder a las realidades y necesidades de mujeres que además de la desigualdad por razón de sexo están afectadas por desigualdades provocadas por su orientación sexual, raza, discapacidad u origen.
Según Isabel Díaz Ayuso, ella prescindiría de los 20.000 millones para impulsar políticas de igualdad y lo destinaría “a ayudar a las familias a afrontar la subida de precios». En sus declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ese presupuesto se iba a destinar exclusivamente al Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, algo completamente falso.
“Estamos para salir a lo urgente, el aquí y el ahora, y no a agendas políticas e ideológicas”, aseguró la dirigente del PP, un mensaje ya difundido por otros líderes de la derecha y la extrema derecha como Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal.
Incluso Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, señaló en la sesión de control del Congreso: «¿Ese es el plan del Gobierno? ¿Dedicar el doble del presupuesto de Defensa, con la que está cayendo, 20.000 millones de euros al Ministerio de Irene Montero?”. Sin embargo, eso es erróneo ya que el diputado malagueño comparó el presupuesto de Defensa de un año con un plan de cuatro años. Además, el departamento de Montero solo gestionará un 9,51% del total presupuestado.
PP, Ciudadanos y Vox siguen alimentando la mentira de que ese presupuesto se va a destinar exclusivamente al Ministerio de Igualdad, pero no es así, ya que se trata de una hoja de ruta que involucra a todos los departamentos del Ejecutivo, como Seguridad Social, Economía, Interior o Sanidad.
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