El abogado valenciano José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, ha sido detenido este martes por agentes de la UCO de la Guardia Civil por haber cobrado, supuestamente, mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana.

Según han explicado fuentes próximas a la investigación a Efe, la operación en la que ha sido arrestado Corbín, declarada secreta y que consta de otras detenciones y registros aún sin finalizar y que coordina un juzgado de Valencia, se centra en el supuesto pago de estas comisiones.

Los agentes de la UCO han registrado, al menos, la vivienda del abogado y otra decena de empresas implicadas en esta presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones a cambio de obra pública y en la que Corbín, según las fuentes consultadas, tenía el papel de mediador.

Los agentes, que se han llevado una maleta y carpetas de la vivienda situada en la calle Artes Gráficas, analizan ya los recibís de facturas de empresarios que habrían participado en el pago de estas mordidas a Corbín e investigan si en la trama hay más implicados.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE que el registro en el domicilio se ha alargado más de lo inicialmente previsto -desde primera hora de la mañana- al haberse encontrado los agentes con más documentación de la esperada.

Corbín ejercía también de abogado de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y delito electoral.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado que la operación se ha desplegado a raíz de unas «denuncias que recibió en su momento la Fiscalía Anticorrupción y se ha ordenado a la unidad de crimen organizado de la Guardia Civil que se detenga a varias personas y diversos registros, tanto en algún despacho de abogados como en otras sedes».

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia es el encargado de coordinar la operación que la UCO desarrolla este martes y que incluye registros y detenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Esta operación ha sido declarada secreta y sigue en fase de explotación.

Entre las reacciones políticas que ha generado esta operación, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado que «parece» estar relacionada con una supuesta financiación ilegal de PP.

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha destacado que los nombres que están saliendo de personas afectadas por la operación de la UCO sobre la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia «ni forman parte del PP, ni están en el PP».

Para la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es «obvio» que el PP «instaló un régimen corrupto en todas las instituciones», mientras que según el secretario general de Podem, Antonio Estañ, el PP «necesita pasar cuanto más tiempo mejor fuera del poder» para que pueda «tomarse en serio la regeneración».

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmado que la detención de Corbín muestra que el sistema instaurado por el PP en sus gobiernos en la Comunitat era una «cleptocracia, diseñado para robar».

Desde Ciudadanos, su candidato a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha lamentado que se haya visto de nuevo «manchada la imagen de la Comunitat» con esta operación y ha añadido: «El PP tiene todavía mucha tarea que hacer para limpiarse».

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