Un estudio realizado por Audita Sanidad señala que la sanidad madrileña dedicó en 2018 a “medios privados” más de 4.100 millones de euros, casi un 50% del total de su presupuesto, una cantidad que ha crecido un 15,6% desde 2015, tal y como recoge infoLibre.
Entre 2015 y 2018, el importe dedicado a colaboraciones público-privadas hospitalarias ha crecido un 8,4%, que constata un creciente protagonismo de fondos de inversión: “De los siete hospitales modelo PFI (Private Finance Initiative), seis ya pertenecen a fondos de inversión”.
Además, añade que los “recursos públicos transferidos” a Quironsalud/Fresenius en 2018 suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad. En cuanto al gasto farmacéutico, entre 2015 y 2018 se ha producido un crecimiento del 22,2% y entre 2016 y 2018 la cuantía asignada a través de contratos menores ha sufrido un auge de un 13,5% de la cuantía asignada.
Audita Sanidad señala “un deterioro programado de la sanidad pública, un incremento exponencial de la deuda y un progresivo crecimiento y consolidación del sector privado y del mercado relacionado con la industria de la salud” en donde ganan farmacéuticas y fondos de inversión.
El informe concluye que “la industria privada” de la sanidad se ha convertido en un “agente privilegiado”, con un estatus que viene fortaleciéndose desde la llegada del PP al poder, en 1995, y con un “crecimiento significativo de la cuantía económica” en el periodo analizado con mayor profundidad, 2015-2018, señala el citado medio.
Según el informe, La “orientación conservadora y neoliberal” del PP de la Comunidad de Madrid se ha concretado en dos grandes tendencias en sanidad: una política de gasto “orientada a la transferencia de recursos al sector privado, especialmente a la colaboración público-privada, al convenio singular con la Fundación Jiménez Díaz, a la compra de medicamentos a los laboratorios farmacéuticos, a la privatización de determinados servicios y a las derivaciones de pacientes y pruebas diagnósticas a las clínicas y hospitales privados” y, por otra parte, se ha producido una decisión de “no financiar suficientemente ni dotar de los recursos humanos necesarios para la atención primaria, la salud pública y la salud mental”, provocando un progresivo debilitamiento del propio servicio público.
El informe destaca las partidas dedicadas a los hospitales con el modelo Public Private Partnership (PPP), uno de los más extendidos dentro de las fórmulas de colaboración público-privada, que han crecido un 3% de 2015 a 2018, de 293,7 millones a 302,6, repartiéndose entre los hospitales Rey Juan Carlos I, Valdemoro, Torrejón y Villalba. Según el informe, las concesiones terminan entre 2037 y 2043.
De los siete hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, todos menos el Infanta Sofía ya pertenecen a fondos de inversión, tal y como señala Audita Sanidad. Asimismo subraya cómo “la compra por Fresenius de Quirón dio el puntillazo a las esperanzas de desarrollo de un sector sanitario privado español”.
Y añade: “En las licitaciones públicas hay una cláusula que preserva la aquiescencia del Sermas en caso de venta de la concesión, pero esta cláusula queda en papel mojado en caso de adquisición o de cambio en el control de la empresa, pues el Sermas nunca les puso condiciones”.
El informe señala que “es de manifiesta negligencia la ausencia de investigaciones por parte de los organismos competentes de la Consejería de Sanidad en donde se analice el proceso y las consecuencias de los modelos de colaboración público-privada introducidos desde hace más de diez años. La cuestión clave es la búsqueda deliberada de opacidad y la negativa […] a la rendición de cuentas para así poder saquear lo público”.
Audita Sanidad recalca el trato de la Administración madrileña a Quirón: “Los recursos públicos transferidos a Quironsalud/Fresenius en 2018 por importe de 462.513.051 euros suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad en 2018”,
Además, añade que Sanidad ha acumulado una deuda entre 2015 y 2018 de 722,5 millones con diversos hospitales, de cuyo accionariado total Quirón es la principal propietaria.
Lo dedicado a productos farmacéuticos y recetas en 2018 sumó 2.183,4 millones, un 22,2% más respecto a 2015. El gasto farmacéutico constituye la mayor partida de las incluidas en el estudio. Es más, supone un 52,6% del total del presupuesto “gestionado con medios ajenos”, señala el informe.
La siguiente partida por cuantía corresponde a la adquisición de instrumental, material de laboratorio, quirúrgico, asistencial y de curas: 600,5 millones en 2018, un 36,8% más que en 2015 y las colaboraciones público-privadas suman 468,9 millones, un 5,6% del presupuesto liquidado de la consejería.
La asignación a los conciertos con instituciones sanitarias no ha crecido, es más, han caído un 25,6% entre 2015 y 2018, hasta situarse en 336,6 millones. La Fundación Jiménez Díaz acapara 242,4 millones.
Los conciertos para listas de espera, diálisis y rehabilitación suman 144,4 millones, un 20,9% menos que en 2015. Los firmados con entidades privadas sin ánimo de lucro se quedan en 2,6 millones, un 2% menos. Los conciertos y convenios suscritos con instituciones sanitarias privadas representan en conjunto un 5,9% del presupuesto de la consejería de 2018.
Audita Sanidad pide una redefinición de la categoría de organizaciones “sin fin de lucro” en el ámbito sanitario, de forma que las entidades religiosas no puedan emplear fondos destinados a sanidad a otras áreas de su actividad.
La entidad, que denuncia la falta de transparencia durante todo el informe, incluye en esta la relativa a la adquisición de instrumental y material de laboratorio, que supone 600,5 millones en el presupuesto de 2018.
También critica la subcontratación del área de informática: “Es una cesión lamentable de capacidad estratégica del Sermas a una entidad ajena. El resultado es que el Sermas pierde casi todas sus posibilidades de ejercer la unidad de dirección sobre la sanidad publica madrileña. Esta situación se agrava con la cesión de datos de salud a compañías privadas. La única hipótesis que explica esta decisión dañina es la intencionalidad de ceder la gestión estratégica del sector sanitario a entidades privadas”.
El informe denuncia “opacidad” y “abuso” en la utilización de la figura de los “contratos menores”, que supusieron un incremento en dinero del 13,5% desde 2016.
Audita Sanidad considera que la transparencia deja mucho que desear y señala “manifiestas irregularidades en el cumplimiento de las Leyes de Contratación del Sector Publico vigentes durante el año 2018 y en su control y seguimiento por parte de la Mesa de Contratación de la Consejería de Sanidad, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, los órganos institucionales como la Asamblea de Madrid y los partidos políticos”.
Entre las propuestas de Audita Sanidad se encuentran: “auditorías ciudadanas” de los procesos de privatización, exigencia de memorias con indicadores de calidad, puesta en marcha de “estrategias de desprivatización” y la derogación de la normativa que “permite la entrada del sector privado en la sanidad pública”.
Fuente: infoLibre
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