Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se enfrenta a la espera que supone saber mañana lunes si la justicia británica decide finalmente extraditarlo a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje. Durante 10 años, el australiano ha sido perseguido por las autoridades de EE. UU. como un enemigo de Estado.

Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje. Las vistas celebradas en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron marcadas por las protestas a las puertas del tribunal.

La decisión de la justicia inglesa puede ser recurrida por ambas partes, lo que podría prolongar la larga saga judicial que rodea a Assange, poco después de que su web WikiLeaks publicase cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.

Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, su compañera sentimental, Stella Moris, había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición que, de momento, no han servido para nada ante los oídos sordos de la justicia británica.

Assange y la libertad de prensa

Se trata de un día clave para la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras (RSF) ha seguido el proceso de cerca bajo «lamentables circunstancias». El director ejecutivo de RSF en Alemania estuvo en Londres durante el juicio y acusa a las autoridades británicas de «tratar de bloquear sistemáticamente a los observadores internacionales».

Incluso el acceso a las grabaciones del proceso en video, inicialmente garantizado, fue retirado con poca antelación. A los pocos observadores no se les permitió entrar en la propia sala; tuvieron que seguir una mala transmisión de vídeo en una sala separada, en condiciones extremadamente incómodas, con frías temperaturas. Al final, Reporteros sin Fronteras fue la única ONG presente en el tribunal en cada día del juicio.

Garzón y Assange

La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo «ejemplar» en su «guerra contra los periodistas de investigación» y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.

Hasta ahora Estados Unidos ha defendido que Assange no es periodista sino «pirata informático» y aseguró que ayudó a la analista de inteligencia Chelsea Manning a robar esos documentos clasificados antes de exponer el material a los ojos del mundo. Esta ahora por ver cuál será la actitud del presidente electo estadounidense, el demócrata Joe Biden, que en unos días reemplazará a Trump en la Casa Blanca.

Assange y la tortura

Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre la Tortura, señaló que Assange es mantenido bajo confinamiento solitario. Tras siete años de asilo en la embajada de Ecuador y ante la amenaza de pasar el resto de su vida detrás de los muros de una prisión estadounidense, Melzer considera esto como una «tortura».

Para Margit Stumpp, parlamentaria de los Verdes, este juicio es una «prueba de fuego para Occidente y sus valores». Ella es fundadora del grupo parlamentario «Libertad para Julian Assange», compuesto por representantes de diversos partidos alemanes. Según la política alemana, «en el curso de los procedimientos de extradición se está violando el Estado de derecho», señala a DW.

«Ni en Turquía, en donde he estado varias veces, tuve problemas para entrar a los tribunales», afirma.