En medio de un dominio anticiclónico en la atmósfera nacional, la política española se ve sumergida en una tormenta interminable, marcada por la propuesta de ley de amnistía para los involucrados en el ‘procés’. A seis meses de las elecciones del 23-J, el Congreso se prepara para votar la polémica proposición de ley este martes.

El ‘sí’ mayoritario parece seguro, con el respaldo esperado del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Sin embargo, la incertidumbre persiste hasta el último momento. Junts repite su estrategia de última hora para ampliar sus demandas, limitándose solo por el momento de la votación. Este juego político se desarrolla en medio de la intensificación de los casos judiciales, como la ‘trama rusa’ y el ‘caso Tsunami’, con Puigdemont en el centro, generando acusaciones de lawfare desde la izquierda y el independentismo.

Día de decisiones: el Congreso someterá a votación la polémica ley de amnistía
Día de decisiones: el Congreso someterá a votación la polémica ley de amnistía

Cómo se desarrollará la votación

El pleno, que comenzará a las 15:00 horas, se centrará exclusivamente en la amnistía. Se votará el texto presentado por el PSOE y modificado en la Comisión de Justicia, así como numerosas enmiendas que han sobrevivido a semanas de tramitación.

Entre estas enmiendas se encuentran varias del PP, que busca la derogación total de la futura ley. En el extremo opuesto, Junts, PNV y ERC presentan sus propias enmiendas. Las más polémicas, objeto de negociaciones de última hora, se refieren a la cobertura de ‘todo tipo’ de terrorismo, lideradas por Junts.

La presentación del dictamen será el primer plato, con una duración de 12 minutos, seguido de los turnos de grupos para defender sus enmiendas, con un plazo de 7 minutos. Posteriormente, los diputados votarán con pantallas táctiles las enmiendas que sigan en juego.

La votación final del dictamen y del texto completo será pública y por nombramiento, requiriendo al menos 176 apoyos para aprobar la ley orgánica. Si se mantiene la lógica de anteriores votaciones, el bloque del ‘sí’ alcanzaría 178, frente a los 172 de la oposición.

Qué buscan los independentistas en las últimas horas

Las negociaciones han sido intensas hasta el último minuto. Los partidos independentistas afirman tener «puertas abiertas» para continuar discutiendo las enmiendas hasta el último momento. La cuestión central gira en torno a la cobertura del delito de terrorismo en la futura ley de amnistía, tema que ha sido objeto de modificaciones hasta la comisión parlamentaria previa al pleno.

Junts busca extender el plazo de aplicación de la amnistía por dos meses, iniciándola el 1 de noviembre de 2011. Además, están negociando la cobertura total del delito de terrorismo, buscando blindar cualquier mención a este en la ley.

En contraste, desde ERC se defiende la redacción actual como «la mejor ley posible», resultado de la necesidad de un consenso amplio. Sin embargo, reconocen que hay enmiendas en juego que se seguirán discutiendo hasta el último momento del martes.

Postura del PSOE

Desde Ferraz, el mensaje es que el texto actual «está bien como está» y que no se están llevando a cabo negociaciones en este momento. Aunque desde Cataluña, el responsable del PSC, Salvador Illa, reconoce que las «puertas» no están cerradas para un último acuerdo.

La portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, sostiene que están «satisfechos y cómodos» con el texto que salió de la comisión, considerándolo «suficientemente robusto, plenamente constitucional e impecable». Aunque afirma que «no hay ningún cambio», deja la puerta abierta a la posibilidad de un acuerdo antes de la votación.

Reactivación de frentes judiciales en la previa

En la previa a la votación, dos noticias judiciales han sacudido el panorama. En Cataluña, el juez instructor del ‘caso Volhov’ ha prorrogado la instrucción durante medio año, revelando una supuesta trama rusa del ‘procés’. En Madrid, el juez García-Castellón ha prorrogado otros seis meses el ‘caso Tsunami’, una investigación sobre la plataforma Tsunami Democratic.

Ambas decisiones han generado acusaciones de lawfare por parte de sectores independentistas y de la izquierda, acusando a los jueces de intromisión política. Estos eventos judiciales, que involucran a Puigdemont, han llegado a 24 horas de la votación, generando tensiones y enfrentamientos entre la Justicia y diversos sectores políticos.

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