La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que la derogación del artículo 52 apartado ‘d’ del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

El despido de un empleado por faltar al trabajo ocho días o más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro meses aunque esas ausencias estén justificadas médicamente es legal desde hace décadas en España. Pero tenía que cumplirse un requisito más: el índice agregado de absentismo en el centro de trabajo del empleado despedido debía superar el 2,5%.

La reforma laboral de 2012 individualizó el despido al eliminar la exigencia de que hubiera un absentismo mínimo en el centro de trabajo, lo que provocó las quejas de los sindicatos.

A finales de octubre, el Tribunal Constitucional sentenció que el cambio de la reforma laboral era legal alegando la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”. El fallo contó con tres votos particulares bastante duros y llevó a los sindicatos a rescatar su demanda. Los partidos que ahora están en el Ejecutivo se comprometieron, a falta de unos días para que se celebraran las elecciones del 10 de noviembre, a derogarlo si gobernaban.

Yolanda Díaz, ha declarado que desde que tomó posesión su intención era derogar cuanto antes el artículo 52.d, el que regula este despido, y añade que este será uno de los puntos que no va a negociar ni con los sindicatos ni con los empresarios. También ha dejado claro que la supresión del artículo va a ser “una gran noticia” para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España y que se evite así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable.

Según la ministra de Trabajo el desmontaje de la legislación laboral del PP se hará en varias fases. Tras esta primera etapa, Trabajo negociará otras cuestiones como la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.

Estos planes se encontrarán con la resistencia de los empresarios, que estarán en la mesa de negociación representados por la CEOE. Pero también es probable que choquen con las críticas de organismos internacionales o de reguladores como el Banco de España.