El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien.

Isabel Díaz Ayuso, la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, aceptó que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid en octubre de 2011, en una operación sospechosa del susodicho delito de alzamiento de bienes. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.

Una empresa semipública prestó 400.000€ al padre de Ayuso por una nave escriturada en 26.000

Documentos en poder del periódico Infolibre demuestran que Ayuso participó en una segunda operación similar seis meses después con un inmueble no se puso a su nombre, sino que la transmisión de la propiedad se hizo mediante la donación de las participaciones de la sociedad Sismédica SL, que era dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López de Madrid. La política del PP recibió el 50% de las participaciones de la compañía.

El inmueble perteneció a Díaz Ayuso y a su hermano durante cinco años y medio. Lo perdieron el 18 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid se lo adjudicó a Bankinter. Sismédica SL no había devuelto un préstamo de 175.000 euros que la entidad financiera le había concedido el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso, y el local de Antonio López se hipotecó como garantía.

Ayuso es dueña de una empresa que lleva cuatro años incumpliendo la obligación legal de presentar cuentas en el Registro

Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.

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