La relajación de las medidas de protección frente al coronavirus han tenido en el macrobrote de Mallorca la consecuencia más polémica. Miles de jóvenes de diferentes comunidades autónomas hicieron un viaje de fin de curso que acabó con más de mil contagiados, otras tantas personas en cuarentena o afectadas y los jóvenes en el punto de mira.
El fin de semana del 26 y 27 de junio se detectó el macrobrote de coronavirus en Palma de Mallorca (Baleares) entre los estudiantes y a 30 de junio permanecían confinados 232 jóvenes en el Hotel Palma Bellver, que el Gobierno balear dispuso para albergar a viajeros en cuarentena por COVID-19.
Los padres de los estudiantes confinados comenzaban a solicitar entonces el ‘habeas corpus’ ante el juzgado competente por lo que consideraban una posible detención ilegal de sus hijos. Al mismo tiempo, el Govern balear proponía una una sanción de 200.000 euros para los organizadores del concierto donde se expandió el brote.
Ahora, el abogado de diez estudiantes cordobeses que viajaron a Mallorca y se vieron afectados por el confinamiento reclama una indemnización de 5.000 euros para cada uno de ellos por una presunta “vulneración de derechos fundamentales”, es decir, un total de 50.000 euros.
En la demanda presentada por el abogado, que es padre de uno de los alumnos, se aduce la mencionada vulneración de los derechos de libertad personal, libre residencia y circulación, “en tanto que no se han dado circunstancias ni razones ni resolución administrativa que ampare que los demandantes hayan estado privados de su libertad personal, encerrados de forma forzosa y custodiados por fuerzas del orden público durante seis días”.
Además, señala que la Conselleria de Salud cometió abuso de poder con un grupo de alumnos que habían dado negativo en los tests covid realizados y que llegaron “a una ciudad sin ley que les llevó directamente a una pesadilla”.
En el documento también se relata que la administración, a la que se acusa de “permisividad y pasividad” ante hechos ocurridos con anterioridad a la llegada de este grupo a Mallorca, comprobó el error cometido semanas atrás “haciendo pagar a justos por pecadores y señalando con el dedo y arrollando sin decoro los más elementales derechos de los jóvenes”, queriéndose amparar después “en una resolución fallida y falta de la más elemental base de hechos y sin fundamento jurídico que la justificase”.
Con la cuantía que se reclama para cada uno de los demandantes, se sufragarían los daños económicos causados (actividades sufragadas y no realizadas y el viaje de vuelta), y los daños morales, al privarles del disfrute de sus derechos y someterlos a una presión y a un trato discriminatorio.
De todas formas, la cifra de la indemnización se deja en todo caso a criterio del Tribunal, pues “no se pretende con ello sino dar cobertura a una compensación mínima de los derechos conculcados”.
Si el tribunal diera la razón a estos menores Mallorca debería implacable con todo aquel que venga de la península y no permitir la entrada de ninguna de las comunidades a las islas a excepción de aquellos que vivan o tengan aquí familia durante un año o dos. ESTO ES UNA VERGÜENZA NO, LO QUE SIGUE. Vienen aquí, se contagian, suben los casos, mandan a freír esparragos nuestra temporada y encima unos chulos baratos?!