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La Dirección General de la Policía y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) han presentado este martes un mapa gráfico e interactivo que pretende mostrar de forma clara y accesible para la ciudadanía los datos de delincuencia en Cataluña entre 2011 y 2018.

Se trata de una herramienta, disponible en las páginas web de ambos organismos, que muestra en números absolutos la cantidad de hechos delictivos cometidos en el territorio y que se dividen en función de las Áreas Básicas Policiales de los Mossos d’Esquadra y según la tipificación del Código Penal.

«Es una herramienta que nos permite situarnos al mismo nivel de países avanzados», ha señalado en rueda de prensa el director general de la Policía, Andreu Joan Martínez, quien ha resaltado que la «transparencia» en los datos «genera confianza» a la vez que «entrega la información a la ciudadanía, que es su propietaria».

De acuerdo con Martínez, la plataforma está en su primera fase, ya que el objetivo es «continuar avanzando para profundizar en las capas (de información) y aproximar el máximo posible a la sociedad los datos policiales y de delincuencia».

Así, ha asegurado que en las próximas semanas se actualizará el mapa con la información del primer trimestre de este año, ya disponible en la web de los Mossos, pero que todavía no se encuentra en el visor, el cual llega tan sólo a 2018.

«No es una cuestión de ocultación, sino de que los datos policiales no son procesos automáticos y dependen también de aspectos tecnológicos», ha indicado.

Por su parte, el jefe de la Comisaría General de Relaciones Institucionales, Prevención y Mediación, Josep Codina, ha explicado que los datos se actualizarán cada tres meses como máximo después de que hayan sido publicados en los excel que hasta ahora proporcionaba el cuerpo.

También ha especificado que, en un futuro, se ampliará el radio de detalle hasta poblaciones de 50.000 habitantes para llegar progresivamente a las localidades de 20.000 vecinos, un límite que la policía se ha marcado con la finalidad de que «no se pueda acabar identificando a las víctimas de delitos».

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