Francisca García
Presidenta de ACAI

Estos días hemos conocido los últimos datos sobre las interrupciones del embarazo en nuestro país correspondientes al año 2018. A través del informe del Ministerio de Sanidad, hemos sabido que los abortos han aumentado ligeramente pasando desde 94.123 de 2017 a 95.917 en 2018, un 1,9 % más.

Estas cifras alejadas por otra parte de los 113.031 abortos que se registraron en 2010, año de implantación de la ley, nos llevan a preguntarnos porque las cifras de embarazos no deseados se han estabilizado o experimentan ligeros repuntes en los últimos años, y no se produce, por el contrario, una bajada decidida y continuada de los embarazos no deseados en un momento en el que el número de mujeres en edad reproductiva no ha aumentado significativamente.

Los detractores del aborto argumentarían que la aprobación de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010 es la causa de esta situación; por el contrario, sus partidarios podríamos defender que es precisamente esta Ley la que permite hablar de una estabilización; sin embargo, ni unos ni otros podemos validar nuestros argumentos desde una perspectiva ecuánime. Y ello es así, porque las legislaciones progresistas sobre interrupción del embarazo no aumentan por sí mismas las cifras de aborto ni tampoco las disminuyen; su finalidad pasa por alcanzar otro objetivo tan importante o más que disminuir los embarazos no deseados y que no es otro que visibilizar los abortos provocados y procurar que estos sean seguros, legales, gratuitos y confidenciales. Algo que la actual norma ha conseguido, ya que en estos momentos las mujeres españolas acceden con seguridad e intimidad a una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada públicamente.

Aclarado este aspecto, volvemos a preguntarnos ¿por qué no disminuyen significativamente las interrupciones del embarazo en nuestro país? Como casi todos los asuntos complejos, las causas beben de diferentes factores, por una parte, tenemos que considerar que los flujos migratorios afectan de manera inevitable al aumento o disminución de las tasas de IVE, toda vez que las mujeres foráneas suelen ser mujeres jóvenes en edad reproductiva que además tardan entre dos y tres años en adoptar los usos contraceptivos del país de acogida. Por otra parte, a nadie debería pasar desapercibido el hecho de que en nuestro país las mujeres enfrentan situaciones económicas y laborales hostiles: techos de cristal, precariedad, ausencia de políticas de conciliación…que dificultan enormemente una maternidad libremente elegida, a la que hay que sumar las sucesivas recesiones económicas que mediatizan la diminución de los nacimientos y el número de abortos.

Pero por encima de todas estas razones que podríamos valorar como coyunturales, tenemos que considerar otras que son causas estructurales y que inciden por encima de las anteriores en el número de embarazos no deseados y en consecuencia en la disminución del número de abortos. Nos estamos refiriendo a la ausencia de educación sexual en las escuelas, al acceso deficiente a una contracepción universal y a la falta de políticas específicas dirigidas a colectivos vulnerables como podrían ser adolescentes y mujeres inmigrantes.

El consenso médico internacional ha dejado suficientemente claro en base a la evidencia, que solo desde la implantación de la educación sexual en el aula, la anticoncepción y las políticas concretas se consiguen disminuir los embarazos no deseados, la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y las desigualdades en las relaciones sexuales.

La actual Ley de SSR e Interrupción Voluntaria del Embarazo tuvo muy en cuenta en el momento de su elaboración este consenso médico y por ello recoge esta perspectiva abogando por impulsar estos aspectos mediante el desarrollo de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva; sin embargo y pese a que han transcurrido nueve años desde su promulgación, las distintas administraciones no han sido capaces de desarrollar esta parte tan fundamental de la norma. Como consecuencia, las cifras de embarazos no deseados y de abortos no consiguen disminuir tanto como podrían hacerlo si estas medidas llegaran a ser una realidad y no tinta impresa.

Desgraciadamente la inestabilidad parlamentaria, los recortes económicos en partidas presupuestarias destinadas a estos fines y la involución política que ha llevado a nuestros parlamentos a la extrema derecha, nos mantienen en una sintomatología de resultados adversos que amenaza con prolongar la convalecencia, ya que lejos de aplicar medidas como las descritas se rehúyen las raíces del problema.

Pese al diagnóstico general, el Gobierno socialista en funciones ha dado los primeros pasos para poner en marcha la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, ha anunciado medidas contraceptivas generales como la financiación del anillo vaginal y se ha establecido un acuerdo que armonice las decisiones que puedan tomarse entre el ámbito sanitario y educativo en relación a la educación sexual en el aula. Primeros pasos para prevenir el embarazo no deseado y el aborto consecuente a ese embarazo.

En la línea de estas precoces iniciativas, desde ACAI queremos hacer un llamamiento a las administraciones sanitarias para que eviten la contaminación política que determina más veces de las deseables sus pasos, y desarrollen políticas preventivas, educativas y específicas que aborden las causas reales de los embarazos no deseados y los abortos derivados de los mismos, marginando la ideología con la se abordan los aspectos legales de una norma adecuada, progresista, que consolida un derecho, el de la mujer a decidir a través de una prestación sanitaria.

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