Doce menores migrantes han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria, en la que alegan haber sido víctimas de malos tratos por parte de educadores y el director del centro que los alberga, según confirmaron fuentes del Gobierno de Canarias a la agencia EFE.
El centro en cuestión, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y situado en Tafira, ha sido señalado por presuntos incidentes de maltrato que habrían comenzado a principios de mes. Uno de los menores relata haber sido objeto de «posibles tocamientos en el despacho del director» tras la llegada de nuevos educadores, según ha informado el periódico La Provincia.
Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, ha solicitado un informe detallado sobre los sucesos denunciados. En caso de ser necesario, se tomarán medidas que podrían incluir la notificación a la Fiscalía y el eventual cierre del centro, según fuentes del departamento de Rodríguez.
Doce menores inmigrantes denuncian haber sido víctimas de malos tratos en un centro de Gran Canaria
Los jóvenes migrantes relatan en su escrito que el pasado jueves uno de ellos fue agredido con «golpes fuertes» por el director, mientras otro empleado lo sujetaba. Los gritos del menor alertaron a otros, quienes rompieron la puerta para acceder a la habitación donde ocurrieron los hechos.
El día siguiente, estos menores recibieron «amenazas» para que no revelaran lo sucedido. Ese mismo día, 23 menores intentaron huir del centro, siendo detenidos por los trabajadores. Durante el intento de escape, uno de los jóvenes sufrió rasguños.
A pesar de su intento de reportar lo ocurrido en la comisaría local, los menores no lograron poner en conocimiento los supuestos abusos. Los doce menores que presentaron la denuncia no han retornado al centro, por lo que se reportó su fuga a la Policía Nacional.
Cabe destacar que la gestión de este centro, con capacidad para albergar a 71 menores migrantes, fue otorgada a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por el anterior Gobierno autonómico en 2021.
Esta ONG está siendo investigada por presunta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes, tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.