Tras desatarse la pandemia de coronavirus, en las residencias de DomusVi fallecieron el año pasado más de 2.100 mayores, algo que sirvió a la principal multinacional del sector para multiplicar los ingresos. Lo hizo a través de su vía de negocio más desconocida: las comisiones que cobra a las funerarias por cada familia de un mayor fallecido que les contrata un servicio gracias a su intermediación.

Al menos desde octubre de 2015, DomusVi viene actuando como comisionista por su labor comercial en favor de Mémora, cuando entró en vigor un “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías, al que ha tenido acceso infoLibre.

En dicho contrato, DomusVi, entonces llamada Geriatros, se acuerda que la multinacional recibiría una “aportación colaboracional” en contraprestación “a la comunicación realizada a los familiares” de los residentes fallecidos y “previo aviso” a Mémora informando sobre la defunción, siempre que terminasen “contratando algún servicio” con la funeraria.

Contratos entre DomusVi y Mémora

Dicha aportación colaboracional podía llegar a alcanzar los 700 euros por difunto dependiendo de la localidad del geriátrico y de si los familiares contrataban a Mémora a través de una aseguradora o de forma directa, esta segunda tarifa era lógicamente más alta porque los ingresos eran mucho mayores para la funeraria.

Según el lugar donde estuviese localizada la residencia, la cifra oscilaba entre 250 y 700 euros en el caso de contratación directa, y entre 100 y 430 cuando se realizaba a través de una aseguradora. Los centros que cobraban mayor comisión eran los situados en Madrid, donde no bajaba de 670 euros en caso de acuerdo directo con el familiar.

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En 2018, ambas compañías firman un nuevo acuerdo, en vigor a día de hoy, que tal y como señala infoLibre, enmascara el pago de la comisión como una contraprestación que Mémora abona a cambio de “la cesión del uso del espacio” en las residencias de DomusVi «para atender a las familias en el asesoramiento y la contratación del servicio».

En el primer contrato se planteaba el pago de la comisión como una contraprestación a cambio de que DomusVi comunicase a la familia del fallecido “los datos de la empresa Mémora”, y en el nuevo contrato, en el que se trata de camuflar el objeto real del negocio, la cantidad se abona por la “cesión del espacio” en las residencias para que el personal de Mémora pueda atender a las familias “en el asesoramiento y la contratación del servicio”.

Según fuentes conocedoras de la negociación llevada a cabo por los directivos de DomusVi y Mémora, la razón por la que se buscó enmascarar el pago de la comisión es la preocupación que generaba en ambas empresas que pudiera trascender el contenido del contrato y el daño reputacional que podría ocasionar dicho acuerdo, que se ocultaba a los familiares.

DomusVi es el único grupo residencial que cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas: en Galicia tiene 30 geriátricos, en Madrid 17, en la Comunitat Valenciana 15 y en Andalucía 14, mientras que en Canarias, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra sólo gestiona un centro.

El año pasado la red de residencias de ancianos gestionaba 139 centros de mayores con 18.500 plazas. Durante la primera ola de la pandemia fallecieron en las residencias DomusVi 1.800 ancianos y en otoño murieron otros 300 residentes.

Por su parte, el principal grupo de servicios funerarios en España, Mémora, gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias y en el resto tiene acuerdos de colaboración con cerca de 80 empresas, integradas en la red Memoranet.

Durante la primera ola de la pandemia, infoLibre recibió cientos de correos de familiares de residentes de DomusVi que además de denunciar lo que estaba pasando como la prohibición de trasladar a los hospitales a los ancianos y la falta de información absoluta sobre el estado en que se encontraban los mayores, contenían quejas sobre el sospechoso interés mostrado por directoras de centros de DomusVi para que familiares de fallecidos contratasen los servicios de Mémora.

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infoLibre preguntó a las dos empresas sobre la relación comercial que mantienen y sobre la posibilidad de que estuviesen incumpliendo la legislación sobre protección de datos. La portavoz de DomusVi explicó: “DomusVi no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. Así, la familia y Memora se reúnen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora les presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora. DomusVi no toma parte en ese proceso”. Además, indicó que el acuerdo no tiene carácter de exclusividad, “para garantizar la libertad de elección de los familiares”.

Por su parte, Mémora, manifestó que «la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes. De esta manera, se busca cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias del centro, preservar el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y los propios empleados, y garantizar una adecuada conservación del cadáver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin».

La portavoz de Mémora explicó además que «el acuerdo del año 2015 fue una extensión del convenio de colaboración previamente existente entre ambos grupos, añadiendo una tarea de promoción comercial de Geriatros a Mémora”. En cuanto al contrato vigente, de 2018, destacó «que una de las cláusulas recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elección de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios. Y también que no existe exclusividad”.

A pesar de que tanto DomusVi como Mémora tienen firmados otros contratos con otras compañías el acuerdo entre ellas es sin duda el más notable al ser los grupos líderes en sus respectivos sectores. En todo caso, esto no significa que todas las empresas de residencias exijan o acepten el cobro de comisiones por enviar clientes a las funerarias.

Por último, el grupo funerario indicó que «las cláusulas sobre protección de datos incluidas en el contrato son estándar, pero Mémora jamás accede a los datos de los familiares. Mémora no realiza ningún acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la familia».

Abogados expertos en la normativa sobre protección de datos, quienes analizaron el contrato de 2015, sostienen que existe una presunta irregularidad en dos cláusulas: la segunda, que obliga a Geriatros a realizar un “previo aviso” a Mémora “comunicando la defunción” del residente, y la undécima, donde se define “un encargo de tratamiento de datos de Geriatros a Mémora”. Por lo tanto, según esto último “Geriatros permite a Mémora el acceso a datos personales”.

Sin embargo, añaden los expertos contactados por infoLibre, la figura del “encargo de tratamiento” no puede utilizarse para la prestación de servicios propios de un tercero (en este caso de Mémora), ya que en este supuesto lo que se produce en realidad es una “cesión de datos”. La diferencia es que el encargo de tratamiento no requiere el consentimiento previo de los usuarios (los familiares de los fallecidos) y la cesión de datos sí lo exige. Un consentimiento previo que en ningún caso se recababa.

Las dos empresas se han negado a desvelar la cantidad facturada por DomusVi en comisiones durante los años 2019 y 2020. Ese dato mostraría con claridad en qué medida se aprovechó el grupo de residencias de la catástrofe sufrida en sus residencias durante la pandemia y que se saldó con 2.100 mayores fallecidos.

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