Se cumplen dos años de la desaparición de Santiago Maldonado y el posterior hallazgo de su cadáver, y miles de personas salieron a la calle este jueves en Buenos Aires para reclamar justicia por el activista en un acto de conmemoración que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino.
Durante el acto, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri y apuntó también al Poder Judicial “que ejerce su violencia hacia las víctimas interponiendo intereses políticos“.
“En este pedido de justicia, no solo pedimos por Santiago, si no por todas y todas, porque no habrá justicia hasta que sepamos qué hicieron y dónde están los 30.000 desaparecidos“, expuso en su discurso Sergio Maldonado.
Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una manifestación de una comunidad mapuche en la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut (sur). Durante la represión de protesta se realizaron disparos de balas y fue llevada a cabo dentro de la comunidad indígena por la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que opera en el ámbito del Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros altos funcionarios del gobierno nacional fueron denunciados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre «por la figura penal típica de desaparición forzada de personas en concurso con encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad», según dice el objeto de la denuncia.4
La desaparición de Maldonado motivó una resolución del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para que el Estado argentino adopte «una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización» y una medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.5
El 17 de octubre de 2017 fue hallado su cadáver en el río Chubut, cerca del punto en el que se denunció su desaparición, en una zona donde ya se había realizado previamente otro rastrillaje.
Su desaparición saltó al primer plano de la actualidad del país y tanto la familia de Maldonado como diferentes sectores sociales defendían que se trataba de un caso de desaparición forzosa a cargo de las fuerzas de seguridad. En Argentina, las desapariciones forzosas fueron política de Estado durante la última dictadura (1976-1983), en la que se perdió la pista de 30.000 personas, y durante aquellos meses de 2017 ese fantasma recobró actualidad.
La Justicia argentina dictó el sobreseimiento total del oficial de la Gendarmería Nacional Argentina Emmanuel Echazú, único imputado en la causa, a finales de 2018, en base a los resultados de la autopsia.
La familia del artesano fallecido denunció enseguida que el cierre temprano de la causa se trató de un fallo político, y apeló la decisión del juez que determinó que la muerte no fue responsabilidad de la fuerza de seguridad. Se basaron en que los jueces no tuvieron en cuenta las circunstancias en que se ahogó el joven y que no se contó con un grupo de investigadores independientes, entre otros puntos.
En el recurso de la familia, se dudaba de la autopsia del cadáver, que “podría haberse contaminado“, y se criticaban los contactos que tuvieron tanto la fiscal del caso como el primer juez, que fue recusado y apartado de la causa, con autoridades políticas.
