El reconocido juez Joaquim Bosch ha generado una gran repercusión en Twitter, acumulando más de 19.000 «me gusta» en un tuit, al poner de relieve dos datos significativos a pocos días de las elecciones.

«Las oficinas de atención a víctimas de violencia de género reciben al año más de 100.000 consultas», comenzó diciendo antes de contraponer: «Las oficinas sobre ocupación de inmuebles reciben unas decenas de consultas anuales».

Dos datos demoledores compartidos por el juez Joaquim Bosch que no dejan a nadie indiferente
Dos datos demoledores compartidos por el juez Joaquim Bosch que no dejan a nadie indiferente

Y concluyó de manera contundente: «Es la diferencia entre un grave problema social y un delito leve magnificado a lo bestia».

 

Estas afirmaciones llegan apenas unos días después de que se conociera que la oficina antiocupas de Soria no ha recibido ninguna consulta desde su instalación hace un mes y medio, según informó la Cámara de la Propiedad Urbana y confirmó la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León a elDiario.es.

«La ocupación por ahora no es un problema grave en Castilla y León. No queremos llegar a la situación de Barcelona y vamos a hacer todo lo posible para alertar a aquellos que han convertido esto en una práctica profesional», señaló la directora general de Vivienda.

Las palabras del juez Joaquim Bosch resaltan la importancia de tener en cuenta la magnitud de los problemas sociales y delitos en la sociedad actual. Mientras la violencia de género es una problemática de gran envergadura que afecta a un amplio número de personas, la ocupación de inmuebles es una cuestión de menor impacto que requiere atención y regulación, pero que no alcanza la misma relevancia social.

Estos datos subrayan la necesidad de priorizar y destinar recursos adecuados a los problemas más urgentes y relevantes de nuestra sociedad, brindando apoyo y protección a las víctimas de violencia de género y buscando soluciones efectivas para abordar dicha problemática. Al mismo tiempo, se debe trabajar en medidas preventivas y regulatorias para abordar la ocupación de inmuebles de manera justa y equitativa, evitando que se convierta en una práctica abusiva y profesionalizada.

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