El pasado mes de febrero, el juez Ricardo Fiestras fue denunciado por incumplir las medidas contra la covid tras ser sorprendido en una celebración privada en un chalet en el municipio de Yaiza junto a su pareja y un grupo de amigos, llegando a juntarse una decena de personas. Por aquel entonces, Lanzarote estaba en nivel 4 por la pandemia.

El día 9 de marzo, el juez, su pareja, el empresario Fernando Becerra y una persona más presentaron una queja por haber sido objeto de un trato «no correcto en tanto al tono empleado, así como por la realización de grabaciones sin mediar autorización y sin comunicarlo a los presentes», para «horas después ser publicado en los medios» la presencia del juez «en esa fiesta abusando de su cargo», entendiendo que de esta forma se vulneraba la Ley de Protección de Datos, «siendo publicados a posteriori vídeos y audios de la intervención, sin estar editados, a nivel local, provincial y nacional».

En abril, la Dirección General de la Guardia Civil aseguraba haber detectado dos faltas graves que se habrían cometido, por parte de algunos agentes, cuando asistieron a la vivienda en la que presuntamente se estaba celebrando la fiesta ilegal, y que habrían sido elevadas «a la autoridad competente para la instrucción del expediente».

Ahora, según adelanta Canarias7, la Guardia Civil ha notificado la apertura de un expediente disciplinario, que tiene su origen en la queja presentada el 9 de marzo, por la presunta comisión de una falta grave a un cabo y a un agente, que podría suponerles desde cuatro días de sanción a la pérdida del destino. Además el instructor de la información reservada llevada a cabo con carácter previo a este expediente incluso propuso «considerar la posibilidad de sustituir a todos o parte de los integrantes del GIR de Lanzarote implicados».

Dos guardias civiles expedientados por sorprender a un juez en una fiesta en Lanzarote
Dos guardias civiles expedientados por sorprender a un juez en una fiesta en Lanzarote

A su juicio, no era «profesional ni leal al mando, ni dejan en buena imagen a la institución» que ante «la actuación reprochable de algún componente del grupo, todos mantengan un cierto ‘código de silencio’ para proteger o dificultar el reproche legalmente establecido», ya que los agentes investigados hicieron uso de su derecho legal de no declarar cuando fueron citados por el instructor.

El instructor ha dejado claro que en la actuación de los agentes no observó «palabras malsonantes o vejatorias contra las personas involucradas» en la presunta fiesta ilegal, tal y como denunciaron el juez, su pareja, el empresario Fernando Becerra y una persona más, usando el término «gravemente desproporcionada y disconforme en derecho».

El General Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil ha ordenado la incoación de sendos expedientes a los dos agentes por haber podido incurrir, presuntamente, en la falta grave de «conservar las grabaciones lícitamente efectuadas con videocámaras o medios técnicos análogos por más tiempo o fuera de los casos permitidos por la Ley, o cederlas o copiarlas cuando la Ley lo prohíbe».

2 Comentarios

  1. Siempre al lado del débil, como principio indiscutible. Sancionar al «juez» y después, estudiar posibles «conductas impropias». ¡Cuidado con el poder judicial! puede acabar gobernando, como parece que últimamente está ocurriendo en algunos asuntos de incumbencia exclusivamente civil, dónde su presencia sobra…

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