El Parque Natural de Ponga, declarado Reserva de la Biosfera, fue testigo de un acto tan macabro como simbólico: dos lobos colgados en un panel informativo de la Ruta de Arcenorio. Esta agresión no solo constituye un delito medioambiental, sino una declaración de guerra abierta contra una especie protegida, cuya existencia es sistemáticamente demonizada por sectores que buscan justificar lo injustificable.
Asturias cuenta con más de 400 lobos que habitan el 83 % del territorio, y su supervivencia depende de un frágil equilibrio entre la fauna salvaje y las actividades humanas. Pero estas cifras no parecen detener a quienes ven en el lobo un enemigo, ignorando su papel fundamental en el ecosistema.
Los lobos no son responsables de los problemas estructurales que atraviesa el sector ganadero, pero son convertidos en chivos expiatorios de una política incapaz de garantizar soluciones reales.
La aparición de estos cuerpos coincide, no por casualidad, con el Congreso Regional de los socialistas asturianos (FSA), al que asistió el presidente Pedro Sánchez. Este paralelismo entre la brutalidad hacia los lobos y un evento político de relevancia plantea preguntas inquietantes: ¿hasta qué punto se utiliza la violencia como herramienta de presión política? Este no es el primer caso en que actos similares ocurren durante citas de trascendencia institucional, lo que refuerza la sospecha de que el asesinato de estos lobos es más que un simple “acto aislado”.
La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso Guijarro, expresó su repulsa por los hechos, destacando que esta violencia no representa a las y los habitantes del concejo. Sin embargo, las palabras de condena no son suficientes para abordar un problema sistémico que mezcla el abandono rural, la precariedad económica y una narrativa polarizadora que enfrenta a ganaderos con defensores de la fauna salvaje.
El asesinato de lobos no solucionará el abandono de la ganadería extensiva ni las políticas agrarias ineficaces. La violencia solo perpetúa el ciclo de destrucción.
La intervención de la Guardia Civil y la apertura de diligencias por parte del SEPRONA es un paso necesario, pero no suficiente. Las condenas públicas, como la del director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, deben ir acompañadas de medidas contundentes. Si estos crímenes quedan impunes, el mensaje será claro: la violencia tiene cabida en nuestra relación con la naturaleza.
Los cuerpos de los lobos serán sometidos a una necropsia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio. Pero más allá del análisis forense, lo que urge es identificar y juzgar a quienes cometieron este acto atroz, y, más importante aún, revisar las políticas que perpetúan este tipo de enfrentamientos. Sin justicia, estas acciones se repetirán, amparadas en la sombra de una impunidad histórica.
Mientras los lobos sigan siendo tratados como enemigos, el verdadero crimen será contra el equilibrio natural y nuestra propia humanidad.
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