Ayer se cumplieron dos meses del inicio de las manifestaciones en Colombia contra las medidas sociales y económicas del gobierno de Iván Duque y se convocó un cacerolazo nacional para retomar las protestas.

La muerte sistemática de líderes ha sido el motivo principal de la movilización. En las tres semanas que van de año han sido asesinados alrededor de veinte líderes sociales, a razón de uno diario.

A la cacerolada se esperaba que se unieran distintos sectores para recordar sus derechos sociales y económicos, como el rechazo a la recién aprobada reforma tributaria, además de repudiar las interceptaciones ilegales del Ejército a políticos, magistrados y periodistas. Gracias a una investigación de la Revista Semana, medio que tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, vídeos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas, se demuestran las acciones de escuchas ilegales realizadas por organismos del Estado en el gobierno de Duque.

Con esta jornada se busca seguir presionando al gobierno de Duque para que cumpla las peticiones con las que comenzaron las movilizaciones nacionales el pasado 21 de noviembre contra lo que denominaron el ‘paquetazo’ de Duque.

En el pliego de peticiones pendientes con el Gobierno, que hasta ahora no ha tenido respuesta oportuna, se encuentran: oposición a reforma laboral, oposición a reformar el sistema público de administración de pensiones, oposición a la subida de las tarifas de energía eléctrica hasta el 35%, acabar con la corrupción, implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno colombiano y las FARC y el cumplimiento de promesas hechas a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles en previas jornadas de protesta.

Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares de protección para obligar al Estado colombiano a garantizar los derechos políticos en el país suramericano. Además, se reunieron con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU., a quienes les pidieron investigar el supuesto uso de fondos estadounidenses de cooperación para el espionaje militar en Colombia contra dirigentes políticos.

Esta primera protesta del año estuvo marcada por concentraciones y disturbios que dejaron al menos seis personas heridas, cuatro de ellas policías. También fueron bloqueadas estaciones del sistema de transporte público y varios encapuchados lanzaron piedras, generaron destrozos y provocaron enfrentamientos con miembros del ESMAD lo que hizo que los uniformados dispersaran la protesta con gases lacrimógenos.

Se une a todo ello la conmoción del país con el hallazgo de fosas comunes con decenas de cuerpos inhumados en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, en el noreste del país, que serían en su mayoría, hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad y el hallazgo de otras dos fosas comunes al suroeste del país en las que fueron encontrados seis cuerpos.

En la reunión del pasado lunes 13 de enero, el CNP también aprobó la realización del II Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales el 30 y 31 de enero. Esa reunión, básicamente, «aspira a echar una mirada hasta los hoy fracasados intentos de diálogo con el Gobierno y producir una posición política general de lo que ha sido el resumen del comité del 21 de noviembre hasta la fecha», dijo a la prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

De momento, ya se acordó que para marzo habrá una huelga general, de no obtener repuestas por parte del Gobierno a su pliego de peticiones.