Usuarios de toda España están recibiendo cartas de despachos de abogados donde les informa de que si no pagan 400 euros, una productora audiovisual les llevará a juicio por piratería.

En estas misivas se informa a estos usuarios que un juzgado ha abierto diligencias previas contra ellos por «la descarga y/o compartición de material protegido por derechos de autor a través de redes peer to peer, sin la autorización del titular de los derechos».  Calculan la cuantía sumando 100 euros en concepto de indemnización «por cada título ilícitamente compartido» y 300 más por «los gastos de investigación y reclamación».

Según denuncia eldiario.es, el envío de las cartas se produce a instancias de dos productoras, la estadounidense Voltage Pictures y la alemana Crystalis Entertainment. Las productoras acuden al juzgado y exigir la identificación del usuario como presunto autor del delito. Para llevar a cabo dicha identificación, sus abogados aportan la dirección IP desde la que se han compartido los archivos protegidos a través de la red peer to peer (P2P), es decir: la persona que contrató la conexión a Internet mediante la que se hizo la descarga.

«Tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida. Pero, incluso en el caso de no haber realizado usted directamente la difusión de las obras, la Ley», se lee en la carta que ha recibido uno de los afectados, «le considera responsable de la infracción, a todos los efectos, como cooperador».

Tras esto, los abogados invitan al titular de la línea a «aportar datos sobre la autoría» de la infracción en caso de que no sea él o ella.

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