Esta semana pasada vencía el plazo reclamado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España, desde donde se solicitó a España dar una respuesta al incumplimiento recurrente de la Carta Social Europea en la Cañada Real.

De este modo, denuncia Save The Children, mantiene en situación de riesgo de los 1.800 niños y niñas, que volverán a pasar un invierno sin servicios básicos, pudiendo ser afectados su salud, física y mental.

“Si se causa un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada por este corte de electricidad, así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares”, explica Carolina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save The Children.

“Cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica”, añade.

“Por ello, la exigencia de Europa se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases; es inaceptable que no esté siendo así, y que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité”, sentencia.

Las reclamaciones en el barrio de la capital se manifiestan y reivindican mediante la Plataforma “Luz Ya para la Cañada Real”, desde donde se reclama que los cortes de electricidad desde octubre de 2020.

Desde la ONG reivindican que para aportar soluciones no hay motivo para entrar en cuestiones legales con las empresas eléctricas, sino que la cuestión se debe desempeñar en el plano político, debido a que pueden suministrarse generadores o placas solares, para paliar la situación.

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