La entidad insta a que se derogue la Ley Mordaza, que sólo pretende “atemorizar a la ciudadanía para que acepte todo tipo de abusos e injusticias”. Por esto, la organización se suma a la convocatoria del colectivo No Somos Delito el próximo sábado 17 de marzo, bajo el lema ‘Amordazadas no olvidamos, el 17 de marzo nos movilizamos’.

Esta manifestación se produce en un contexto en el que la Ley Mordaza sigue vigente pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos. Aunque en estas últimas semanas ha habido movimientos en el Congreso, el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado.

El pasado mes de septiembre la Delegada del Gobierno en Madrid aplicó la Ley Mordaza a la Coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid por denunciar vertidos ilegales en una finca protegida, junto al monte de El Pardo. Se le acusó de una infracción grave por desobediencia, se le impuso una multa de 600 euros y se la incluyó en el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana.

Ecologistas en Acción, junto a las organizaciones sociales que se han sumado a la convocatoria de No Somos Delito, consideran que es el momento de volver a salir a las calles para mostrar el rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley, tales como:  libertad de expresión, de reunión pacífica y de información; derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución; o derechos de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las ‘devoluciones en caliente’.

Desde que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Mordaza, han incrementado los abusos policiales y la vulneración de derechos debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana.

Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción: “Dentro de este contexto se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por ‘desobediencia o resistencia a la autoridad’, la ‘negativa a identificarse’ o la ‘alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación’ (artículo 36.6) ascienden a 10.196.817 euros. Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por ‘faltas de respeto y consideración’ a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4), el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros 6 meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros. En total, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros.

En 2016, entre todas las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. Según la organizaciones convocantes, “no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no sólo por el impacto sobre personas en concreto sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y expresar sus reivindicaciones, y esto a su vez implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos”.

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. No obstante, en palabras de Enrique Quintanilla, “la Ley Mordaza es una de las herramientas más utilizadas para cercenar la libre difusión de información, e incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión”.

Además, la Ley Mordaza recogió una disposición adicional (la décima) con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas ‘devoluciones en caliente’ que muchas organizaciones han venido denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificó que estas expulsiones son ilegales y condenó a España por llevarlas a cabo. Ecologistas en Acción y las organizaciones que se han sumado a la convocatoria de No Somos Delito, exigen al Gobierno “detener de una vez esta práctica que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla”.

Por todos estos motivos, personas, colectivos y organizaciones saldrán a la calle el próximo 17 de marzo. Con la campaña #Desamordázate ese día se convocan movilizaciones y acciones de protesta en todas las poblaciones del Estado para expresar el rechazo a la Ley Mordaza. 

 

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