Ecologistas en Acción de Madrid ha presentado tres recursos de casación ante el Tribunal Supremo «con la intención de demostrar que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado julio no se ajustan a derecho y que Madrid Central debe continuar plenamente vigente», han informado en un comunicado.

Las sentencias correspondientes a estos recursos del Grupo Popular Municipal y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con la de una empresa especializada en el recurso de multas, se conocieron el pasado 27 de julio.

La sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia estimaba parcialmente algunos de los argumentos de los recurrentes y «anulaba unos pocos artículos de la Ordenanza, lo que suponía suspender Madrid Central».

«El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en coherencia con su poco disimulada beligerancia contra Madrid Central, decidió no recurrir estas sentencias. Y ello a pesar de que la zona de bajas emisiones viene siendo una de las más exitosas de toda Europa en términos de reducción de la contaminación», han expuesto desde Ecologistas.

La organización verde se había personado «preventivamente» en todos los contenciosos, un total de nueve. «Y gracias a ello Madrid Central sigue vigente, puesto que la medida no decae hasta que el proceso judicial se termine».

Ante el Supremo defienden sobre la supuesta insuficiencia de la memoria económica cargan contra el TSJM por «rigurosista» por cuanto admite la argumentación de que el gasto podía poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.

«El coste total de la puesta en marcha de Madrid Central era de 11,7 millones de euros a gastar en siete años, mientras que el presupuesto anual municipal ronda los 5.000 millones. No parece que 1,6 millones al año sea un gasto que pueda desestabilizar a un Ayuntamiento como el de Madrid», han argumentado.

Frente a la supuesta falta de información pública, la organización ecologista deja claro que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ante el que se presenta el recurso señala que «cuando un proyecto se modifique como resultado de las alegaciones presentadas en un procedimiento de información pública no es obligatorio volverlo a someter a ese procedimiento».

Ecologistas en Acción espera poder demostrar en los tribunales que Madrid Central, aparte de ser «una iniciativa muy beneficiosa, es perfectamente legal». Según sus previsiones, si se admiten las peticiones de casación recién presentadas, el proceso judicial podría prolongarse unos nueve meses.

Europa Press