El colectivo se ha unido a otras 30 organizaciones de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia en su protesta ante la Comisión Europea por la financiación del proyecto MIREU (Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa) al encontrarse entre sus objetivos la creación de una base de datos de aceptación social del sector minero, compartiendo conocimientos y experiencias sobre cómo convencer a la población de las zonas afectadas para que no se oponga a proyectos extractivos que puedan generar controversia.

Proyecto minero a cielo abierto de Cobre las Cruces en la provincia de Sevilla / Wikimedia Commons

A nivel estatal, el proyecto ha empleado los fondos recibidos para realizar un mapeo con 25 casos de estudio sobre conflictos mineros, entre los que se encuentran diversos proyectos de carácter extractivo en Extremadura (como la mina de litio de la sierra de Cáceres y la de cobre de Alconchel), Castilla y León (que incluía el proyecto de uranio de Retortillo o la de wolframio de Barruecopardo, ambos en Salamanca), Galicia (como los fracasados proyectos de Touro y Corcoesto), Asturias (con el proyecto de oro en Salave) o Andalucía (entre los que destaca la mina de Cobre Las Cruces, en Sevilla). En todos los casos, se recogió información detallada sobre los colectivos sociales que se oponían a dichos planes.

Ecologistas en Acción, organización a la que se hace referencia en varios conflictos, ha denunciado el hecho de que administraciones y entes públicos, sujetos al deber de neutralidad e imparcialidad, se dediquen a investigar, compilar y analizar información sobre grupos que se oponen a determinados proyectos mineros y sobre los que esas mismas administraciones deben tomar decisiones.

Por este motivo, la organización se ha unido a otros grupos de todo el continente para pedir con urgencia a la Comisión que realice una auditoría del proyecto, independientemente de las acciones que se puedan iniciar en relación a las administraciones y entes públicos involucrados para pedir responsabilidades.

Asimismo, Ecologistas en Acción se ha dirigido a los responsables del MIREU, manifestando su disconformidad y exigiendo que se facilite la información recogida sobre los colectivos ecologistas y las plataformas ciudadanas.

En la misiva, a la que ha podido acceder contrainformacion.es, la entidad considera totalmente «inaceptable» la utilización de fondos públicos para la realización de informes parciales que apoyan las tesis de la industria minera, y se han mostrado dispuestos a proporcionar todos aquellos informes que sean necesarios «para ilustrar las faltas de conducta y las deficiencias de los proyectos propuestos en España» para que se pueda comprender mejor «las razones basadas en la evidencia detrás de la intensa oposición a ciertos proyectos mineros».