Las leyes de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 128 páginas,“¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto.
“La criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación”, señaló Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Ecuador debe eliminar todas las sanciones penales en casos de aborto. Como mínimo, debe garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales y dejar de judicializar a las mujeres y las niñas que buscan atención médica esencial”.
En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizarse un aborto, y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. Solo se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual.
El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador dictó una sentencia por la cual despenalizó el aborto para las personas que están embarazadas como resultado de una violación sexual. Previamente, la ley permitía estos abortos únicamente si la persona tenía una discapacidad intelectual. La corte dispuso que la Defensoría del Pueblo, en un plazo de dos meses, redactara y presentara ante el legislativo un proyecto de ley que diera cumplimiento a la sentencia y exigió a la Asamblea Nacional que lo debatiera en los seis meses siguientes a su presentación. La corte dejó sentadas las bases para una despenalización más amplia, y concluyó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar de modo tal que se efectivice el “derecho a vivir con dignidad” y no puede eludir su responsabilidad de proteger todos los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas. El 28 de junio de 2021, en cumplimiento de lo resuelto por la corte, la Defensoría del Pueblo presentó una nueva ley ante la Asamblea Nacional. El proyecto legislativo se preparó a partir de un diálogo nacional con organizaciones feministas y reconoce el derecho al aborto en todos los casos de violación sexual, conforme a los estándares en derecho internacional de derechos humanos.
Human Rights Watch analizó 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019. El 81 por ciento de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes —el 12 por ciento eran niñas– y casi todas vivían en condiciones de pobreza.
En un caso, una mujer afroecuatoriana de 20 años se dirigió al hospital después de haber caído por las escaleras en su trabajo. En el hospital, se enteró de que estaba embarazada y estaba teniendo un aborto espontáneo. Fue detenida y acusada de aborto consentido y pasó cuatro meses en prisión preventiva con su hijo de tres años. En el juicio, fue declarada inocente.
Human Rights Watch determinó que, en Ecuador, existen numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención post-aborto. Esto incluye judicialización de casos, estigmatización, maltrato por parte de profesionales de la salud y una interpretación acotada de la causal que permite practicar un aborto para proteger la salud y la vida de la persona afectada.
Las personas acusadas, por lo general, se acogen al proceso abreviado y tienen una suspensión condicional de la pena que, normalmente, exige la realización de tareas comunitarias o recibir tratamiento psicológico, sobre todo en el caso de mujeres de menos de 25 años.
Dos mujeres y una niña fueron acusadas de asesinato tras una emergencia obstétrica. La niña de 15 años fue violada cuando regresaba a su hogar desde la escuela. Fue condenada a cinco años de prisión después que su bebé muriera tras dar a luz sola en el baño de su casa. Pasó cuatro años y tres meses en una institución de menores.
Las mujeres y las niñas que han obtenido abortos también experimentaron violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y obstáculos para poder acceder a representación legal de calidad. El 73 por ciento de los casos analizados se iniciaron después de que un profesional de la salud denunció a una paciente ante la policía, violando el secreto profesional. En 99 de los casos analizados, la policía interrogó a la mujer en el hospital sin que hubiera un abogado presente —lo cual constituye una violación de lo que establece el derecho ecuatoriano—, mientras esta persona atravesaba una emergencia médica o se recuperaba de ella, incluso en algunos casos en los que la emergencia supuso un riesgo de vida.
Estos interrogatorios también entrañaron el riesgo de comprometer aún más su salud, al interrumpir su tratamiento e interferir en la atención médica y en su interacción con el médico. La conducta y las decisiones de los jueces a menudo reflejaron estereotipos de género y consideraciones religiosas. En varios casos, las mujeres fueron condenadas a realizar tareas comunitarias en orfanatos, o terapias orientadas a convertirlas en buenas madres.
Parte de la estigmatización y la discriminación se origina en la violación de los derechos a recibir información completa, clara, accesible y actualizada sobre salud reproductiva y opciones de atención de la salud. En muchos de los casos, la mujer había tomado misoprostol, un fármaco con varios usos ginecológicos —que incluyen la inducción del aborto—, contando con poca información o sin comprender cabalmente en qué consiste esta droga o cómo la afectaría.
Muchas acusadas dijeron que lo habían usado como método anticonceptivo o para “regular períodos menstruales irregulares”. Esto no es sorprendente, si se tiene en cuenta la falta de educación sexual integral en las escuelas de Ecuador. Históricamente, Ecuador ha adoptado un enfoque fragmentado respecto de la educación en sexualidad, asociada a los esfuerzos del Gobierno por reducir la tasa de embarazo adolescente.
“El gobierno de Ecuador debe garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva”, manifestó Casas. “Los legisladores y el presidente Guillermo Lasso recientemente elegidos tienen la oportunidad de poner fin a una política cruel y de sumarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto, en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos y con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional.”
Fuente: Human Rights Watch
