El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha extendido hasta finales de mayo la declaración de emergencia que aplica desde el año pasado en varias provincias para atender el inusual flujo de migrantes venezolanos hacia el país.
Así lo dio a conocer el viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería ecuatoriana, Santiago Chávez, quien precisó que la declaración se extenderá hasta el próximo 31 de mayo.
Esta medida, añadió el diplomático, regirá para las provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), Pichincha (cuya capital es Quito) y El Oro (limítrofe con Perú), que fueron las más afectadas hace algunos meses por el inusual flujo masivo de ciudadanos venezolanos.
Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, en los últimos cuatro años han ingresado en Ecuador más de 1,3 millones de venezolanos, de los cuales unos 250.000 permanecen aún en territorio nacional.
En marzo pasado, la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal de Ecuador, suspendió de forma provisional la aplicación de una serie de requisitos que el Gobierno había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos.
La Corte acogió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y aceptó su solicitud de suspender de forma provisional varios acuerdos ministeriales que exigían requisitos adicionales para ingresar, como pasaportes actualizados y un registro de antecedentes penales, entre otros.
En la demanda, la Defensoría aseguraba que dichos acuerdos ministeriales atentaban «contra el principio de igualdad y no discriminación» establecido en la Constitución.
Asimismo, señaló que la normativa interna y regional permitía el ingreso y circulación de ciudadanos suramericanos con la sola presentación del documento de identidad, por lo que aplicar los requisitos adicionales a los venezolanos generaba «un trato diferenciado que resulta discriminatorio» y atentaba contra el principio de igualdad.
La exigencia del pasaporte y del llamado «pasado judicial» fueron también cuestionados por organismos de derechos humanos, que cuestionaron que este último se haya exigido a raíz de un caso de feminicidio ocurrido en enero contra una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana, que generó reacciones xenófobas en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana.
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