Ecuador publica carta con FMI que incluye reformas y ajustes a combustibles

El Gobierno de Ecuador publicó este jueves la carta que suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de deuda por 4.210 millones de dólares y que incluye la aplicación de reformas tributaria y laboral, así como una nueva revisión de los subsidios a los combustibles, entre otros.

La misiva suscrita por el ministro de Economía, Richard Martínez, y la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Ártola, está dirigida a la directora del FMI, Christine Lagarde, y tiene como fecha el pasado 1 de marzo.

La carta contiene además anexos y una matriz sobre «acciones previas y metas estructurales», en un texto de 18 páginas que este jueves fueron difundidas por el Ministerio de Economía.

El pasado 11 de marzo, el Directorio Ejecutivo del FMI avaló el acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador, que permitía un desembolso inmediato de 652 millones de dólares.

«Ecuador se encuentra en una transición histórica para modernizar la economía y fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo para las generaciones futuras», precisa la misiva y considera que el programa de transición pondrá especial importancia en la atención «a los ciudadanos más vulnerables» del país.

Asimismo, señala que se ha actualizado el programa social y macroeconómico del Gobierno, llamado «Plan de Prosperidad», elaborado con apego al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas.

Asegura que dicho programa busca «reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización», el modelo monetario adoptado por el país en el año 2000, la generación de empleo, «proteger a los pobres y vulnerables y «garantizar un clima de transparencia y buen gobierno».

El Ejecutivo ecuatoriano, según el texto, se compromete a «restaurar la prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco institucional del Banco Central, aumentar la solidez del sistema financiero y apoyar la generación de empleo con base en mayor competitividad y crecimiento».

Y ya en los anexos de la carta, el Gobierno se compromete a un reajuste de la masa salarial del sector público, la optimización del sistema de subsidios a los combustibles, una reforma del sistema tributario y una reducción del gasto público.

También a efectuar concesiones de empresas públicas a «socios privados» para «monetizar activos» estatales, de forma transparente y en procura de alcanzar el máximo beneficio para el Estado, y sin desmejorar la cobertura de servicios a la población.

Asimismo, busca simplificar el sistema tributario a través de una reforma que incluya la posibilidad de eliminar gradualmente los «impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior».

«Ecuador requiere una reforma laboral urgente» que se adapte «a las condiciones del mercado y de la sociedad, retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo», asegura el Ejecutivo en el documento.

El Gobierno ecuatoriano ha destacado este acuerdo con el Fondo, debido a que el programa de asistencia también abre el apoyo de otros organismos multilaterales al llamado «Plan de Prosperidad».

Al aporte del FMI se sumarán otros créditos del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, por 1.800 millones de dólares; el Banco Mundial, por 1.744 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1.717 millones.

Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones, con 380 millones de dólares; el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con 280 millones, y la Agencia Francesa de Desarrollo, con 150 millones adicionales, lo que suma un total de 10.279 millones.

La publicación de la carta de intención con el FMI se da en un momento en que algunos grupos políticos opositores y sindicatos han reclamado por las reformas que sugiere dicho acuerdo en temas laborales y económicos y que el Ejecutivo ha asegurado que eran necesarios «con o sin» el convenio, dada la difícil situación por la que atraviesa la economía ecuatoriana, según el Gobierno.