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La violencia con armas de fuego en EEUU es una crisis de derechos humanos. Más de medio millón de personas murieron por heridas de bala entre 2001 y 2017 y otros 1.3 millones de personas sufrieron lesiones relacionadas con armas de fuego.

Estados Unidos incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos al no regular adecuadamente y promover la compra, posesión y uso de armas de fuego por agentes no estatales. Las personas sobrevivientes tienen unos gastos prohibitivos para tratar el dolor crónico y obtener ayuda para adaptarse a una discapacidad.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no proporciona a las personas sobrevivientes de disparos atención médica esencial a largo plazo, apoyo, rehabilitación ni una indemnización, algo esencial para garantizar que el gobierno cumple su obligación de proporcionarles una reparación completa y efectiva.

Dado que no existen programas específicos para cubrir las necesidades de rehabilitación de las personas sobrevivientes de disparos, estas tienen que buscar atención médica y psicológica a través del sistema de salud general, lo que plantea numerosas trabas económicas y burocráticas, exacerbadas por el trauma y el dolor físico.

Esto es especialmente difícil para sobrevivientes de disparos que viven en entornos inestables y no están acostumbradas a moverse por un sistema de salud tan fragmentado y complicado, y que muchas veces tratan, al mismo tiempo, de negociar y procesar los cambios en su salud, vida familiar, empleo o perspectivas de empleo, derivados de haber sido víctima de un tiroteo.

Las solicitudes de indemnización como víctimas exigen también una notable cantidad de detalles y documentación complementaria que pueden ser difíciles de conseguir, especialmente cuando la persona afectada se está recuperando de lesiones graves que han alterado su vida. En 2017, la razón más habitual para denegar o archivar una solicitud de indemnización como víctima en todos los estados fue información incompleta. También se mencionaron como trabas para acceder a una indemnización la falta de conocimientos y unos requisitos muy estrictos.

En Scars of Survival: Gun Violence and Barriers to Reparation in the USA (Cicatrices de supervivencia: la violencia con armas de fuego y las trabas para obtener una reparación en Estados Unidos), Amnistía Internacional califica la violencia con armas de fuego en Estados Unidos de “crisis de derechos humanos” y muestra ejemplos de vidas rotas por culpa de estas armas:

Megan Hobson tenía 16 años cuando se vio atrapada en un fuego cruzado en Miami, en 2012. El tratamiento de urgencia le salvó la vida, pero sigue viviendo con afecciones como dificultades para caminar, complicaciones causadas por fragmentos de bala en el útero y la necesidad de recibir atención y apoyo a la salud mental. Megan dijo a Amnistía Internacional que seguía endeudada debido a las facturas médicas.

“Yo fui una víctima, no tuve nada que ver con el delito. Solo estaba en el lugar inadecuado en el momento inadecuado”, dijo.

Jamie Williford recibió en 2009, a los 16 años, un disparo en la espalda que la dejó paralítica y con necesidades sanitarias graves y permanentes. Aunque Jamie tiene Medicaid, un programa gubernamental que proporciona cobertura médica a algunas personas de ingresos bajos, afronta importantes barreras burocráticas para acceder a la atención médica, sobre todo para encontrar a profesionales de la salud que acepten su seguro.

Como muchas personas sobrevivientes de disparos con discapacidad, Jamie ha tenido problemas para encontrar una vivienda asequible y accesible.

Tras sufrir la lesión, fue ingresada en un centro de asistencia para personas adultas, sin acceso a atención a la salud mental, educación o formación adecuadas para una persona menor de edad o nueva usuaria de silla de ruedas. Desde que cumplió 18 años, ha vivido sobre todo en alojamientos compartidos, pero no puede obtener una vivienda permanente adecuada que se adapte a sus necesidades.


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