La fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, acordó este martes con Estados Unidos la creación de una unidad fiscal orientada a la investigación y persecución penal de estructuras criminales dedicadas al tráfico de personas.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, acompañó a la fiscal general en la presentación del proyecto ofreciendo asistencia para el establecimiento de dicha Unidad.

El tráfico de personas es un fenómeno que le ha generado a las estructuras criminales hasta 25 millones de dólares y es un flagelo, según explicó el Ministerio Público, «que trata a las personas más vulnerables como mercadería arriesgándoles la vida y en muchos casos explotándolas laboral o sexualmente».

En la presentación de esta iniciativa también participaron miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por el Ministerio Público asistieron diversos funcionarios, como el secretario general Rony Eulalio López Contreras; el secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación, Ángel Pineda Ávila, o el fiscal de sección de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, Alexander Colop.

Por su parte, la embajada estadounidense emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que felicitó a la Fiscalía de Guatemala por la decisión de crear esta unidad, un «esfuerzo que contribuye a frenar la migración ilegal».

«La investigación y persecución del tráfico ilícito de personas disminuye la migración ilegal y contribuye a la seguridad, gobernanza y prosperidad de todos los guatemaltecos», aseguró la sede diplomática, y agregó que este plan también ayudará a combatir a los coyotes.

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de 2017 en Guatemala señalaba que el delito de trata de personas ha tenido una recurrencia similar con cifras superiores a 500 casos anuales en Guatemala.

Este flagelo está muy relacionado «con la existencia de instituciones sociales permisivas y con un sistema patriarcal que fomenta relaciones de desigualdad, dominación, exclusión y explotación».

La mayoría de las víctimas en el país son mujeres de todas las edades, especialmente en explotación sexual y trabajo forzado, y en caso de los hombres se relacionan con explotación laboral y mendicidad.

El 9 de abril de 2009 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Ley VET), que considera a la víctima como sujeto de derechos, protegiéndola desde la restitución de su libertad, la atención, protección y procesos, dando prioridad a la atención de las víctimas.

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