Estados Unidos denunció hoy en su informe anual sobre derechos humanos el carácter autoritario del Gobierno de Nicaragua y acusó al presidente Daniel Ortega de «ejercer un control total» sobre todas las ramas del Estado y de actuar con mano dura contra quienes protestan «pacíficamente».

«En Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por sus beneficios de la seguridad social, se toparon con disparos de francotiradores. Los críticos del Gobierno se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte», denunció el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, durante la presentación del informe.

El documento sostiene que Ortega y su esposa, Rosario Murillo Zambrana, «dominan» un sistema político «altamente centralizado y autoritario».

«El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ejerce un control total sobre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como sobre las actividades electorales, a pesar de que oficialmente el país ostenta un estatus de república constitucional multipartidista», indica el texto.

El informe recoge los sucesos del levantamiento popular que comenzó en abril del año pasado y que concluyó con la muerte de cientos de personas, la mayoría de ellas a manos de grupos paramilitares favorables al Gobierno.

Washington acusa a estos grupos de llevar a cabo detenciones «arbitrarias» de manifestantes, a los que retenían en «instalaciones improvisadas» y sin permitirles informar a sus familias o asesorarse legalmente.

«Estas detenciones duraban generalmente entre dos semanas y un mes. Miembros de las Policía Nacional y autoridades penitenciarias con frecuencia negaba que los detenidos se encontraban bajo su custodia. Otros detenidos acababan siendo hallados muertos en la morgue o en las calles de la ciudad», sostuvo el Departamento de Estado.

Lejos de actuar para «evitar, investigar o castiga» estos actos, añade el informe, el Gobierno de Nicaragua inició una «campaña de desinformación».

Asimismo, EE.UU. considera probado que numerosas ONG fueron objeto de una persecución política que les desposeyó de «su estatus legal» y de sus activos, impidiéndoles así llevar a cabo sus actividades.


Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.

Ayúdanos a seguir ofreciendo Contrainformación.

Deja un comentario