El 1 de noviembre de 2025 comenzó en Estados Unidos el periodo de inscripción para los seguros de salud privados bajo la Ley de Cuidado Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Pero lo que debería haber sido un trámite rutinario se ha convertido en un drama social. Millones de personas se enfrentan a un aumento desorbitado de sus primas o directamente a la pérdida de su seguro médico, tras la decisión del Congreso de no renovar las subvenciones públicas que ayudaban a costearlo.
Las cifras son demoledoras. Según el Kaiser Family Foundation (KFF), el precio medio de un seguro subvencionado pasará de 888 dólares anuales en 2025 a 1.904 en 2026, más del doble. Una pareja de 60 años con ingresos anuales de 85.000 dólares pagará 22.600 dólares más al año solo para mantener su póliza. Y si el Congreso no actúa, 4,8 millones de personas se quedarán sin cobertura médica, incrementando la población sin seguro en un 21 %.
La causa es tan simple como cruel: el fin de las ayudas aprobadas durante la pandemia. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 había ampliado las subvenciones a los seguros privados y limitado el gasto de los hogares en primas al 8,5 % de sus ingresos. Gracias a ello, el número de personas cubiertas por los planes del mercado ACA se duplicó, pasando de 11,4 millones en 2020 a 24,3 millones en 2025.
Ahora, esas ayudas desaparecen porque el Congreso —dominado por una mayoría republicana— ha decidido no prorrogarlas al aprobar en julio la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), una ley que consagra rebajas fiscales permanentes a las grandes corporaciones y a los hogares más ricos. Los mismos que, paradójicamente, se benefician de un sistema sanitario privatizado que convierte la salud en un bien de lujo.
“Estas decisiones obligan a millones de personas a sacrificar su salud para pagar los privilegios fiscales de unos pocos”, denunció Matt McConnell, investigador de Human Rights Watch. La organización, junto a Oxfam America, ha advertido de que esta política “no solo agrava la desigualdad, sino que vulnera el derecho humano a la salud”.
El cálculo es obsceno: las rebajas fiscales para el 0,1 % más rico cuestan 50.000 millones de dólares al año, más que el presupuesto necesario para mantener las ayudas sanitarias (35.000 millones). Ese desvío de recursos va acompañado de recortes de un billón de dólares en Medicaid, el programa público que cubre a las personas con menos ingresos, durante la próxima década. Los recortes afectarán de manera desproporcionada a personas negras, latinas y trabajadoras precarias, los mismos grupos que fueron esenciales durante la pandemia.
El modelo estadounidense es un espejo de la desigualdad: la cobertura sanitaria depende del empleo, la edad o el país de nacimiento. Quienes trabajan a tiempo parcial, en plataformas o en la economía informal —una mayoría de mujeres, migrantes y jóvenes— quedan fuera del sistema. Las y los mayores que aún no cumplen la edad para acceder a Medicare, o quienes no pueden hacerlo por su estatus migratorio, también. El resultado es un país donde la enfermedad empobrece y la pobreza enferma.
Según la Commonwealth Fund, las personas sin seguro mueren con mayor frecuencia por causas tratables y renuncian a tratamientos médicos por miedo a endeudarse. En 2024, más de 100 millones de estadounidenses acumulaban deudas médicas, lo que convierte al país más rico del mundo en uno de los más desiguales en el acceso a la salud.
Rebecca Riddell, de Oxfam America, lo resumió con precisión: “En lugar de garantizar atención médica adecuada, el Gobierno ha optado por asegurar beneficios extraordinarios para los ricos y las corporaciones”.
En un país donde la vida se mide en facturas y la salud se negocia como un producto financiero, el Congreso ha vuelto a elegir el bando del dinero.
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