A partir de este miércoles, Georgia ya es uno más de los estados de EEUU que prohíben el aborto más allá de las seis semanas. Un tribunal de apelaciones admitió una ley de 2019 que había sido bloqueada y que ahora podrá estar vigente gracias al fallo del Supremo que anuló la sentencia Roe contra Wade. Hasta ahora, en el estado de Georgia, gobernado por el partido republicano, el aborto era legal hasta las 21 semanas y 6 días de embarazo.
El Tribunal emitió un fallo por el que la ley de Georgia entra en vigor este mismo miércoles. Una “medida muy poco ortodoxa”, “en lugar de esperar el período normal de 28 días para que se emita el mandato oficial”, según el Centro de Derechos Reproductivos en un comunicado. “El tribunal tomó esta medida por su cuenta, sin ninguna solicitud del estado y fuera de los procedimientos judiciales normales”, ha añadido esta organización por los derechos de las mujeres.
La ley en Georgia no solo prohíbe el aborto a las seis semanas de embarazo, también redefine el concepto “persona” al incluir un feto en cualquier etapa de desarrollo y afectará también a la forma de actuar de los médicos y su actuación ante el aborto espontáneo, con “sanciones penales draconianas para los médicos que brinden atención ante un aborto espontáneo, a menos que la salud de su paciente ya se haya deteriorado hasta el punto de una emergencia médica”, ha apuntado la organización.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo
Esta prohibición del aborto de seis semanas, que fue aprobada en 2019, fue bloqueada previamente por un fallo de la corte de distrito que la declaró inconstitucional, pero el Tribunal del 11° Circuito revocó esa decisión como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo, que con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, acabó con la protección federal del derecho al aborto.
“En solo unas pocas semanas, ya hemos visto que grandes franjas del sur eliminaron prácticamente todo el acceso al aborto”, ha denunciado Alice Wang, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. Ahora serán las georgianas quienes “se verán obligadas a viajar cientos de millas para acceder a la atención médica esencial si tienen los medios para hacerlo, o se verán obligadas a llevar a término sus embarazos y dar a luz en contra de su voluntad”.
