El 80 % de casos de trata prevén indemnizaciones que las víctimas no cobran

Los tribunales han reconocido el derecho de las víctimas de trata a percibir una indemnización en 46 de las 56 sentencias dictadas desde 2012 -el 82 por ciento de los casos-, aunque en la práctica, la mayoría no llega a cobrar más que una cantidad simbólica o, simplemente, ninguna.

Así lo ha explicado la fiscal delegada de Extranjería de Barcelona, Pilar Izaguerri, en la jornada «Acceso a la Justicia y a la compensación a víctimas de trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales 1999-2019», que ha reunido este martes a todos los agentes implicados en la investigación de este delito: fuerzas de seguridad, magistrados, fiscales, abogados y ONG.

Una sentencia condenatoria es la única manera de que las víctimas de trata reciban una indemnización por este delito, de ahí la importancia de recabar todas las pruebas para demostrarlo; sin embargo, muchas veces solo cuentan con el testimonio de la víctima, lo que puede llevar a su doble victimización.

«A los fiscales nos recomiendan que prescindamos de ese testimonio», pero detrás de ellas hay «un proceso migratorio complejo, con captación, violencia, engaño, y para probar eso te lo tiene que contar alguien», ha apuntado Izaguerri.

Entre 2012 y 2017, los tribunales españoles dictaron 56 condenas por trata; en 46 casos reconocieron una compensación, en tres la denegaron y en los 7 restantes se renunció a pedirla.

Las cantidades fueron muy dispares -alguna «de 300 euros»-; pero, ha insistido, cuantificar esos daños requiere hacer siempre una individualización de los casos.

Aunque no ha podido proporcionar los datos de ejecución de esos fallos, la fiscal ha señalado que la mayoría no ha cobrado ninguna cantidad y, si lo han hecho, es simbólica. «Creo que no me equivoco si digo que muy pocas tienen acceso», ha añadido.

Una de las que no lo han tenido es Elena, una mujer de origen latinoamericano con nacionalidad española quien, presa de las dificultades económicas que atravesaba, fue engañada por otra que le ofreció participar en un negocio para salir de esa situación.

Tras aportar un dinero inicial, la explotadora aseguró que una banda criminal les exigía más dinero; para reunirlo, la obligó a ejercer la prostitución.

Por todo ello, la acusada fue condenada a 13 años y a pagar una multa de 100.000 euros, aunque Elena no ha llegado a cobrar nada y posiblemente nunca lo haga porque la condenada no tiene bienes a su nombre.

Y es que uno de los motivos principales por los que no llegan a recibir ninguna cifra es la insolvencia que alegan los propios condenados; por ello, la abogada Sandra Camacho ha apelado a la necesidad de profundizar en las indagaciones patrimoniales y financieras en las etapas iniciales de la investigación para solicitar la incautación de bienes.

Marta González, abogada de Proyecto Esperanza, ha añadido que «hay barreras que impiden que los supervivientes puedan disfrutar de este derecho de manera efectiva» porque «pocas tienen medios para reclamar» y, cuando lo hacen, «es anecdótico y excepcional».

Por ello, ha destacado la urgencia de identificar a las víctimas «de manera rápida y correcta», garantizarles la asistencia jurídica, otorgarles permisos de trabajo para que puedan permanecer en España, no abrirles expedientes de expulsión ni imponer penas o sanciones a aquellas que hayan cometido algún delito estando sometidas por una red de trata.

Diez de las sentencias dictadas en España se han incluido en el el proyecto europeo «Justice at last», en el que participan organizaciones de nueve países, entre ellas el Proyecto Esperanza y Sicar CAT de Adoratrices, y que ha analizado un total de 60 casos con más de una víctima implicada.

El estudio pone de manifiesto que los tribunales europeos decidieron otorgar una compensación en 40 de ellos, dos de cada tres; pero solo en once las víctimas recibieron algún pago, normalmente mínimo, mientras que en el resto no percibieron cantidad alguna.

Y revela enormes diferencias por países en las compensaciones reconocidas: la mayor, de 190.000 euros, se produjo en Rumanía, donde la Corte admitió daños morales y materiales a una mujer por explotación sexual, drogadicción e infección por VIH.

Por el contrario, la más baja tuvo lugar en Austria, donde la Justicia concedió tan solo 800 euros a una mujer tratada con fines de explotación sexual por daños morales y materiales.

Víctimas que, según ha detallado Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería, son en su mayoría mujeres procedentes de países «de máxima pobreza», sin formación, sin conocimientos de la lengua y que están «solas y humilladas».

«No podemos dormir tranquilos mientras estén dejadas a su suerte», ha clamado el fiscal. «Se trata de compensar a personas que han tenido unos episodios vivenciales equiparables a la tortura», ha zanjado.