ONU Mujeres, el Fondo de Población y la Oficina del Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, celebran la sentencia emitida por la justicia mexicana que obliga al Congreso del estado de Veracruz a reformar varios artículos del Código Penal que penalizan el aborto como delito.

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El 13 de diciembre de 2017 se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que ordena al Poder Legislativo a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes del 31 de julio de 2018, pero el Congreso aún no ha llevado a cabo los cambios para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.

Esta sentencia establece que la negativa se trata de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como un atentado a su dignidad, a su derecho a no ser discriminadas y al desarrollo de su personalidad.

ONU-Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Fondo de Población llaman al estado de Veracruz a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia y ofrecen la asistencia técnica que fuera pertinente”, expresaron en un comunicado publicado el lunes.