ONU Mujeres, el Fondo de Población y la Oficina del Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, celebran la sentencia emitida por la justicia mexicana que obliga al Congreso del estado de Veracruz a reformar varios artículos del Código Penal que penalizan el aborto como delito.

El 13 de diciembre de 2017 se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que ordena al Poder Legislativo a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes del 31 de julio de 2018, pero el Congreso aún no ha llevado a cabo los cambios para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.

Esta sentencia establece que la negativa se trata de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como un atentado a su dignidad, a su derecho a no ser discriminadas y al desarrollo de su personalidad.

ONU-Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Fondo de Población llaman al estado de Veracruz a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia y ofrecen la asistencia técnica que fuera pertinente”, expresaron en un comunicado publicado el lunes.

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