En medio de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, el alcalde de León, José Antonio Díaz, ha revelado en una entrevista en el programa “Más de Uno” de Onda Cero, los detalles de una amenaza del exasesor de Ábalos.
La tensión entre el alcalde socialista y Koldo García, exasesor de Ábalos y actualmente bajo investigación, alcanzó su punto álgido durante un acto público. Díaz recriminó al exministro Ábalos por los incumplimientos del Ministerio de Transporte con la ciudad de León, desencadenando la reacción de García. Según relató el alcalde, tras el evento, García se acercó amenazante y le advirtió: “Me quedan tres años para joderte”.
José Antonio Díaz ha destacado que este incidente, que llegó a ser noticia a nivel nacional, plantea interrogantes sobre la idoneidad de personas como Koldo García, involucrado en presuntas prácticas ilícitas, para ocupar roles destacados en el ámbito político. El alcalde considera difícil comprender cómo individuos de este tipo pueden formar parte de equipos políticos y ser considerados manos derechas.
El alcalde de León señaló que Koldo García actuaba como un filtro en el Ministerio, siendo el encargado de recibir y gestionar todo lo que se buscaba obtener del Departamento dirigido por José Luis Ábalos. Este papel destacado de García generó tensiones entre Díaz y Ábalos, teniendo repercusiones internas en el partido. El PSOE, desde el ámbito federal hasta el provincial, intentó destituir a Díaz de la Secretaría General de la Agrupación Local de León para evitar su candidatura a la Alcaldía.
Al cuestionar al alcalde sobre si la trama de mordidas es el caso Koldo o el caso Ábalos, él subrayó que es responsable de las personas que ha designado y que tiene a su cargo, afirmando que quien tiene personal a su cargo también tiene responsabilidad.
En cuanto a la investigación en curso, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido poner en libertad, bajo medidas cautelares, a Koldo García, su hermano Joseba García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Íñigo Rotaeche.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión para ninguno de ellos, y todos optaron por acogerse al derecho a no declarar, tal y como fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press. La trama de mordidas en contratos durante la epidemia de Covid-19 sigue generando atención y revelaciones en el ámbito político español.
