El “ascensor de uso exclusivo para servicio funerario” de las residencias de Ayuso

En el periodo más crítico de la pandemia, las actas de residencias en Madrid redactadas por la Policía Municipal, y que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, intenta ocultar, han salido a la luz, revelando una realidad desgarradora vivida en estos lugares durante aquellos días.

Los documentos policiales, a los que ElPlural.com ha tenido acceso, describen un escenario de horror para pacientes y familias, así como el agotamiento generalizado del personal que, a pesar de trabajar en muchos casos sin recursos, dio lo mejor de sí. Un ejemplo impactante es el acta del 9 de abril de 2020, que detalla que la residencia Geriasa contaba con un “ascensor de uso exclusivo para servicio funerario”.

Este tipo de medidas eran comunes en centros de mayores para prevenir contagios, y los informes policiales, a los que ha accedido ElPlural.com, detallan cómo se dividían las personas según su estado de salud. Un acta señala que todas las plantas, excepto la tercera, albergaban a personas sin síntomas que cumplían con el protocolo Covid-19 eficazmente, mientras que la tercera estaba reservada para residentes más vulnerables y de cuidados especiales.

El abandono institucional es evidente en las actas de la residencia de mayores Mirasierra del 23 de abril de 2020, donde se destaca la acumulación de fallecidos en el centro y la directora denuncia el “absoluto abandono por parte de las instituciones públicas”.

Los informes también subrayan la relación directa entre los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ y el número de muertes, ya que impedían trasladar a las personas a hospitales. La falta de derivación a hospitales provocó una mayor cantidad de fallecimientos en las residencias, según lo evidencian las actas.

En total, entre marzo y abril de 2020, 9.468 personas que vivían en residencias madrileñas fallecieron, de las cuales 7.291 no recibieron atención hospitalaria. Las denuncias de familiares respecto a esta situación llevaron a la solicitud de acceso a las actas, que datan hasta agosto de 2020.

A pesar de los más de 200 informes redactados por la Policía Municipal, el Gobierno de la Comunidad de Madrid intentó evitar la divulgación pública de esta información recurriendo a los tribunales.

Las revelaciones de estas actas arrojan luz sobre la difícil situación que se vivió en las residencias durante el peor momento de la pandemia y plantean preguntas sobre la gestión de la crisis por parte de las autoridades.