La situación en Francia ha sido la chispa que ha encendido la mecha, y ahora el campo español se prepara para salir a las calles exigiendo medidas contundentes que alivien la crisis que afecta al sector.
Las tres principales organizaciones agrarias en España, Asaja, COAG y UPA, han convocado una serie de movilizaciones y protestas en todo el país, marcando el inicio de los primeros actos de protesta a nivel regional en las próximas semanas.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones agrarias mayoritarias han anunciado un calendario de movilizaciones en línea con las acciones llevadas a cabo por agricultores en otros países de la Unión Europea. Estas protestas surgen como respuesta ante “la frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas”
¿Cuáles son las demandas de los agricultores?
Las organizaciones COAG, UPA y Asaja han destacado que su principal exigencia será la paralización de las negociaciones de acuerdos como el del Mercosur. Además, solicitan que no se ratifique el acuerdo con Nueva Zelanda y piden detener las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
En cuanto a la Ley de la Cadena Agroalimentaria, buscan su modificación y ampliación para prohibir prácticas desleales, garantizando que los precios de los productos agrícolas cubran los costes de producción.
Además, las organizaciones han acordado solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar diversos problemas del sector. Entre las cuestiones planteadas se encuentran las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), sectores ganaderos y temas laborales y de Seguridad Social.
Algunas de las demandas específicas a los gobiernos central y autonómicos incluyen la garantía de que ninguna solicitud de incorporación de jóvenes quede sin realizarse por falta de presupuesto, la detención de la especulación y compra de tierras por parte de fondos de inversión y agentes externos al sector agrario, y la facilitación del acceso a la tierra para jóvenes agricultores, así como aquellos con una base territorial inferior a la media de su sector productor. También se plantea la reconsideración de la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
