El canciller de Colombia acude a la CPI para «resolver inquietudes» sobre la JEP

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, acudió hoy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para «resolver cualquier inquietud que pudiese existir» sobre las objeciones del presidente colombiano, Iván Duque, a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), dijo en una entrevista con Efe.

«Fue una reunión de carácter informativo con el propósito de hacer precisiones», añadió Trujillo, quien calificó el ambiente del encuentro como «muy bueno» y agradeció «la receptividad» mostrada por la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda.

La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Congreso en 2017 y recibió después el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque objetó seis de sus 159 artículos y presentará al legislativo una reforma constitucional para modificarla parcialmente.

Dicho movimiento provocó las críticas del representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el país, Alberto Brunori, quien pidió al presidente de Colombia la «urgente sanción» de la Ley Estatutaria de la JEP.

Trujillo aseguró que las objeciones de Duque no significan un veto a la JEP, sino «el ejercicio de una competencia que tiene el presidente de la República para que el Congreso vuelva a debatir».

El presidente «está pensando en el futuro y considera que ésta es una magnífica oportunidad para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional», añadió el canciller.

La política colombiana Juanita Goebertus dijo recientemente, en una alocución hecha en nombre de la oposición, que la negativa de Duque a firmar la ley «genera incertidumbre jurídica entre los ex combatientes» y significa, en la práctica, que el presidente no acata una decisión tomada por la Corte Constitucional.

Trujillo respondió que algunos sectores de la oposición «quieren revivir otra vez la falaz, dañina, artificial división entre amigos y enemigos de la paz que se inventaron ellos en su momento por razones político-electorales».

El canciller aseguró que con las objeciones presentadas por el presidente Duque «no se toca la estructura de la JEP, que está consagrada en la Constitución nacional».

«La JEP no se paraliza en ningún momento», remarcó Trujillo, pues este mecanismo de justicia «viene trabajando sin ley estatutaria desde un principio y hay una ley ordinaria que consagra los mecanismos procedimentales».

«El camino institucional en Colombia está perfectamente definido», dijo el ministro, que explicó que a partir de ahora el Congreso tendrá la posibilidad de aprobar, rechazar parcialmente o en su totalidad las objeciones de Duque.

Una de ellas pretende establecer que «quien siga cometiendo delitos después de la fecha de la firma del acuerdo no sea investigado por la JEP, sino por la jurisdicción ordinaria», explicó Trujillo.

Por ejemplo, si un excombatiente que se haya acogido a los acuerdos de paz ha mantenido posteriormente una plantación de coca y «sigue comprando insumos químicos, participando en la distribución (…) o invitando a los campesinos a que siembren coca», debe ser juzgado «por la jurisdicción ordinaria y no por la JEP», añadió.

La JEP es el mecanismo de justicia transicional que se creó como parte del acuerdo de paz, firmado en La Habana en 2016, para juzgar los crímenes cometidos en el marco de conflicto armado colombiano.

La CPI tiene abierto un examen preliminar en Colombia por el conflicto armado entre el Estado y el grupo armado desmovilizado FARC-EP, pero de momento la Fiscalía no ha solicitado a los jueces abrir una investigación.

Por David Morales Urbaneja