Tras lo anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León,  Juan García-Gallardo, respecto a las medidas que iban a aprobarse en la región referentes al derecho al aborto, el Gobierno ha emitido un requerimiento formal al Gobierno de Castilla y León para que se abstengan de aprobar o aplicar cualquier medida que vulnere la actual normativa sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El plan propuesto desde el Gobierno de la Comunidad incluía medidas “provida” y de presunto fomento de la natalidad, como la atención psicológica a las madres embarazadas, protocolos para escuchar el latido fetal, ecografías 4D y la protección de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

En un comunicado difundido a los medios, el Gobierno de Pedro Sánchez manifiesta que utilizará “todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”.

De este modo, el Gobierno español ha asegurado “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna”.

La Junta de Castilla y León ha reaccionado de manera contundente al requerimiento del Gobierno central en relación a las medidas “pro-vida” anunciadas recientemente.

En un comunicado publicado en su web, la Junta ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de vulnerar su autonomía y competencias, e incluso ha amenazado con tomar medidas legales si no se retracta de su posición.

La Junta de Castilla y León ha asegurado que seguirá adelante con su plan de medidas, además se ha negado a comunicar al Ministerio de Sanidad los cambios en el protocolo de atención a las mujeres embarazadas y ha amenazado con tomar medidas legales si el Gobierno no atiende sus demandas de inmediato.

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