El Consejo de Europa expone la situación de cárceles y comisarías españolas

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), órgano del Consejo de Europa, publicó la semana pasada un nuevo informe sobre su visita a varios centros penitenciarios en nuestro país en septiembre de 2020, haciendo una serie de recomendaciones, siempre teniendo en cuenta que la reinserción debe ser la base de cualquier sistema penitenciario. Estos son solo algunos de los aspectos que se tratan en el informe y las palabras del CPT sobre ellos.

Malos tratos en prisiones

La delegación del CPT visitó cinco centros penitenciarios durante su visita: el Castellón II, el Madrid V (Soto del Real), el Madrid VII (Estremera), el de Picassent (Valencia) y el Sevilla II. La mayoría de los presos entrevistados no alegaron malos tratos y declararon que «había funcionarios de prisiones que eran solidarios y correctos en su comportamiento». Sin embargo, en todas las cárceles «los presos se refirieron a varios funcionarios que buscaban provocar conflictos o que utilizaban cualquier pretexto para demostrar su poder sobre los reclusos, incluso mediante malos tratos físicos y abusos verbales». Y casi todos los presos «afirmaron que presentar cualquier tipo de queja formal contra un funcionario de prisiones solo empeoraría su situación».

De hecho, el informe destaca que la delegación recibió «un gran número de alegaciones consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte del personal, sobre todo en los módulos ordinarios denominados ‘conflictivos’ […] y en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales». Por si fuera poco, los reclusos que se habían autolesionado, algunos de los cuales con enfermedades mentales, «también alegaron que fueron maltratados como castigo por haberse autolesionado».

Más que «una bofetada»

En la mayoría de casos, los malos tratos consistían en bofetadas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo, pero el CPT denuncia que «en cada una de las prisiones visitadas se recibieron varias denuncias mucho más graves» y que no se notificaban debidamente. A pesar de que «algunas alegaciones estaban respaldadas por lesiones observadas por la delegación o anotadas en los historiales médicos, […] la notificación y el registro de las lesiones fue, en general, totalmente ineficaz». También fueron frecuentes las denuncias por parte de la población extranjera, gitana y musulmana en referencia a «abusos verbales consistentes en insultos de carácter racial, étnico y religioso».

Uno de los centros con más denuncias es el Sevilla II. En este caso, «la delegación volvió a recibir numerosas denuncias creíbles de malos tratos físicos». El informe destaca que «llama la atención […] que el cable coaxial que conectaba la única cámara de videovigilancia con visión directa de la puerta de la sala de cacheos se descubrió que había sido arrancado bruscamente de su enchufe en el servidor de videovigilancia, con lo que no se pudieron grabar imágenes de las idas y venidas a esa sala del personal del módulo de régimen cerrado».

Un caso de Sevilla II

Uno de los casos es el de un preso que alegó que el 24 de abril de 2020 empezó a gritar y a golpear la ventana de su celda para protestar porque habían colocado a otro preso en su misma celda. Afirma que «fue sacado de la celda, esposado y, mientras era escoltado al Módulo 13, fue sometido a puñetazos, bofetadas y golpes con porras en varias parte del cuerpo por cuatro funcionarios de prisiones». Le ingresaron en una celda de aislamiento temporal y entonces le examinó un médico, que registró varias lesiones: «Hematomas circulares en ambas muñecas, hematoma lineal en el muslo izquierdo y hematoma circular de 1×1 [cm] en la región temporal frontal izquierda, compatibles con la alegación de paliza».

El mismo presó afirmó haber sufrido lesiones más extensas el 26 de diciembre de 2019, cuando supuestamente los funcionarios de prisiones le golpearon con porras durante 10 minutos. En ambos casos, el preso presentó una denuncia ante el Juez de Vigilancia, pero «lamentablemente, no se ha llevado a cabo una investigación adecuada para determinar cómo se puede justificar el uso de una fuerza ‘mínima’ tan prolongada sobre un preso ligero y vulnerable de 1,68 metros de altura», concluye el informe.

Recomendaciones

En este aspecto, el CPT recomienda que las autoridades «reiteren al personal penitenciario el claro mensaje de que los malos tratos físicos, el uso excesivo de la fuerza y los abusos verbales contra los presos no son aceptables y serán tratados en consecuencia».

Además, destaca que la propia dirección de cada centro «debe demostrar una mayor vigilancia en este ámbito» y recuerda que «las denuncias de malos tratos, así como cualquier otra información creíble indicativa de malos tratos, deben remitirse inmediatamente al juzgado de guardia correspondiente y ser objeto de una investigación efectiva». También pide que se mejoren las habilidades del personal penitenciario «en el manejo de situaciones de alto riesgo sin el uso de fuerza innecesaria», proporcionándoles formación adicional y sometiéndoles a «una supervisión más estrecha».

Malos tratos en comisarías

Aunque la delegación asegura que la mayoría de las personas entrevistadas declararon haber sido tratadas correctamente durante su estancia en comisaría, «la delegación recibió, una vez más, un número significativo de denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, incluso de menores» con el objetivo de «obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido». El informe destaca además que muchas de las denuncias proceden «de ciudadanos extranjeros» que aseguran «que los agentes de policía les insultaban verbalmente y se referían en términos despectivos al color de su piel o a su origen».

El CPT expresa que su delegación se trasladó a algunos centros con el fin de corroborar o desmentir el relato de algunos detenidos. En uno de los casos nombrados —la Comisaría de Zapadores en Valencia—, «los oficiales superiores de servicio no pudieron proporcionar a la delegación ninguna información sobre si estos casos estaban siendo investigados». En otro caso, la comisaría de la Policía Local de Utrera, aunque los registros de custodia demostraron que el detenido había estado allí, «el modo de grabación del sistema de CCTV de la estación no se había activado, no se almacenaba ninguna grabación de ninguna cámara y el servidor diseñado para almacenar dichas grabaciones estaba vacío en un 99,9%».

Recomendaciones

A este respecto, el CPT pide que «las autoridades españolas garanticen que todas las comisarías de policía del país estén obligadas a almacenar todas sus grabaciones de CCTV durante un mínimo de 30 días para garantizar que cualquier denuncia de malos tratos presentada contra los funcionarios de las fuerzas del orden en las zonas cubiertas por las cámaras pueda ser verificada y las denuncias sean desestimadas o investigadas con mayor profundidad». También recomienda que «las autoridades españolas introduzcan la grabación electrónica (es decir, audio y/o preferiblemente vídeo) de todos los interrogatorios policiales».

En cuanto al uso de la fuerza en detenciones, aunque «reconoce que la detención de un sospechoso es a menudo una tarea peligrosa», el CPT recomienda que se recuerde regularmente a los agentes que «no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria al efectuar una detención» y que «una vez que las personas detenidas han sido controladas, no puede justificarse que sean golpeadas por los agentes de policía». Añade además que «todo uso de la fuerza […] debería estar debidamente documentado».

También resulta alarmante que el CPT «encontró varios objetos como palos y bates de béisbol tirados en las zonas de detención o en las oficinas de las comisarías de la Policía Nacional de Leganitos y Moratalaz (Madrid) y de Castellón de la Plana». Sobre ello, el informe comenta que «este tipo de objetos, además de invitar a especular sobre conductas indebidas por parte de los policías, son una fuente potencial de peligro tanto para el personal como para los sospechosos de haber cometido un delito» e insta a que se retiren inmediatamente.

Información en las detenciones

En lo referente a las detenciones, el informe expresa que la mayoría de personas entrevistadas declararon haber sido informadas puntualmente sobre sus derechos «y los registros de custodia mostraban que habían firmado las hojas de información pertinentes». No obstante, señala que «parecía que en algunos casos el personal policial no ponía la debida diligencia en explicar a las personas detenidas en un lenguaje fácilmente comprensible el contenido y las implicaciones de sus derechos y consideraba la firma de la información pertinente […] como un mero requisito administrativo». Además, critica que a los detenidos no les permitían conservar esas hojas de información en las celdas y que en la Comisaría de la Policía Nacional de Sevilla incluso fueron registradas formalmente como parte de los efectos personales de los detenidos, privándoles así de conservarlas.

También es importante la insuficiente explicación en otras lenguas: «Aunque en las dependencias policiales de España se dispone en general de hojas informativas hasta en 13 idiomas diferentes, a varios extranjeros detenidos que no entendían el español solo se les había facilitado una hoja informativa en castellano».

Por todo esto, el CPT recomienda que «se recuerde a los agentes su obligación de informar a todas las personas detenidas sobre sus derechos y que se les permita conservar una copia de la hoja informativa mientras estén bajo custodia policial». Y añade que «a los extranjeros detenidos que no entiendan el español se les debe proporcionar rápidamente los servicios de un intérprete y no se les debe pedir que firmen declaraciones u otros documentos sin dicha asistencia», además de proporcionarles información escrita sobre sus derechos en un idioma que comprendan.

Régimen de incomunicación

Sin duda, uno de los asuntos más peliagudos. El CPT considera que se han producido avances a la hora de circunscribir la dureza de la medida, pero reitera que «el régimen de incomunicación sigue manteniendo una limitación potencialmente significativa de las garantías fundamentales que deberían ofrecerse a todas las personas detenidas», además de que «abre potencialmente la puerta a los malos tratos y a las alegaciones (posiblemente falsas) al respecto». Así, aunque «comprende las razones históricas de la introducción del régimen de incomunicación en la legislación española, […] el Comité considera que, por principio, la posibilidad de imponer el régimen de incomunicación debería eliminarse por completo de la legislación española».

Mientras eso ocurre, recomienda que se prohíba su aplicación a todos los menores de 18 años y concluye «que todas las personas detenidas deben poder entrevistarse con un abogado en privado, desde el inicio de su detención y posteriormente según sea necesario».

Acercamiento de los presos de ETA

El informe del CPT también tiene palabras para la situación penitenciaria de los presos y presas de ETA y su alejamiento del País Vasco: «Muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado […] y sometidos a seguimiento FIES 3. Su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización». Y concluye: «A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias, ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España».

Otras recomendaciones

En el pasado, el CPT ya había hecho algunas recomendaciones a España. Entre ellas, que «todas las comisarías tengan acceso a luz natural, ventilación adecuada y acceso a un patio exterior si las personas son retenidas durante más de 24 horas». Aunque reconoce que a nivel estructural podía resultar difícil ajustarse a estos requisitos, «confiaba en que las autoridades españoles incluyeran estos requisitos en el diseño de las nuevas instalaciones de detención policial. Sin embargo, parece que hasta la fecha no es así». Por lo tanto, reitera su recomendación en este aspecto.

También añade otras referentes a la salud, como el traspaso inmediato de la asistencia sanitaria en las prisiones al servicio nacional de salud, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia y la independencia del personal sanitario. Igualmente, afirma que «los presos con una enfermedad mental no están recibiendo el tratamiento que necesitan». Por ejemplo, en la prisión de Picassent ningún psiquiatra había visitado el establecimiento durante casi un año, y en el resto, con una frecuencia insuficiente. Por ello, pide que se aumente la dotación psiquiátrica en todas las prisiones visitadas, y añade que «cada una debería contar con al menos un psicólogo clínico a tiempo completo que trabaje con presos con algún trastorno mental».