La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Plan Presupuestario acordado con Podemos, aprobado y remitido el lunes pasado a la Comisión Europea recoge medidas para «recuperar derechos sociales, revertir los recortes en educación, sanidad y dependencia y avanzar en un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

En esta dirección. el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas que cotizan en bolsa con un valor de capitalización superior a los 1.000 millones de euros, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones.

La ministra ha aclarado que el impuesto «no se aplica al mercado primario«, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario. La liquidación de este impuesto se hará con periodicidad mensual.

Los ingresos generados por este impuesto, según Montero, «aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones«, lo que supone «una muestra más del compromiso ineludible del Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social«.

Impuesto sobre determinados servicios digitales

El Gobierno también ha abordado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.

María Jesús Montero ha señalado que se aplicará un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad on line, servicios de intermediación en línea y a la venta de datos que se recopilan a partir de la información proporcionada por el usuario.

La ministra ha avanzado que España será el primer país que aplique este impuesto, que afectará a las empresas que facturan más de 750 millones de euros y generan ingresos superiores a los 3 millones de euros. «Una vez más las pymes estarán excluidas de este impuesto», ha recalcado. La iniciativa tendrá un impacto estimado de 1.200 millones de euros.


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