El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mostró este martes su disposición a levantar el embargo de armas impuesto a la República Centroafricana (RCA) desde 2013 siempre que constate avances en la aplicación del acuerdo de paz alcanzado en febrero entre el Gobierno y los rebeldes.

El presidente temporal del Consejo, el alemán Christoph Heusgen, aseguró que la máxima autoridad de la ONU tiene previsto establecer antes del 30 de abril «unos puntos de referencia clave que sean claros y estén bien identificados» con el objetivo de orientar su decisión hacia la suspensión total la restricción a la compra de armas o hacia su levantamiento progresivo.

La intención de estos puntos es medir el progreso en las reformas en seguridad, y en el avance del proceso de desarme, desmovilización, la reintegración y rehabilitación.

El pasado 6 de febrero, el Gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos rebeldes armados formalizaron en Bangui la firma del acuerdo de paz para poner fin a la violencia que vive gran parte del país desde hace más de 5 años.

Entre los puntos acordados destaca el compromiso del Gobierno de no perseguir judicialmente a los líderes rebeldes y el acuerdo para formar un Ejecutivo de unidad nacional con representación de los grupos armados.

Además, también recoge la creación de un fondo de indemnización de las víctimas y de una brigada mixta de patrullaje de las zonas ocupadas por los rebeldes, con presencia de las fuerzas armadas y de «cascos azules» de la misión de la ONU en el país, la Minusca.

El Consejo de Seguridad de la ONU registrará en las próximas tres semanas el nivel de aplicación por parte del Gobierno del Programa Nacional para el Desarme, la Desmovilización, la Reintegración y la Repatriación.

Asimismo, pondrá especial atención en la reintegración socioeconómica de antiguos miembros de grupos armados y en la integración en los cuerpos uniformados de personas anteriormente vetadas, entre otras cuestiones.

Una vez medido el nivel de implementación de estos y otros puntos, así como de las necesidades detalladas de armamento y munición de las autoridades, el Consejo de Seguridad revisará el embargo antes del 30 de septiembre.

La RCA, país con una población de cerca de 4,9 millones de habitantes, vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los rebeldes séléka derrocaran al presidente François Bozizé.

Ese levantamiento desató una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados, y se ha tornado en una crisis multifacética con decenas de grupos armados de distinta índole.

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